La muerte de un interno dentro del Penal de Chimbas en 2015 se convirtió en la tercera causa en tres semanas en las que la provincia fue condenada a indemnizar por los daños ocasionados por la responsabilidad de sus funcionarios. Entre los tres expedientes, el Estado acumula 6,2 millones de pesos a desembolsar para las personas damnificadas, las que, en el caso del preso, son sus padres y uno de sus hermanos. La última sentencia se dio hace unos días y alcanza los 3,3 millones de pesos (1,5 millones de pesos más los intereses). El fallo fue dictado por la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, y no está firme, dado que puede ser apelado.
En las anteriores condenas figura el caso del exjefe de Prensa del Auditorio Juan Victoria, Eduardo Trifonoff, quien demandó al Estado por una "falsa acusación", ya que estuvo en la mira por el "himno" al entonces gobernador José Luis Gioja, y el de una asistente social del Servicio Penitenciario que fue víctima de acoso laboral y sexual por parte de un exdirector (Ver Abajo).
La nueva causa contra la provincia es la de Diego Ramón Zalazar, quien estaba detenido desde 2004 y había sido condenado a 24 años de prisión por los delitos de robo agravado y homicidio agravado. El preso murió el 30 de diciembre de 2015, luego de que fuera "brutalmente asesinado en una pelea de internos" con un arma de fabricación casera, según dijo el abogado de la familia. Incluso, indicó que la gresca se caracterizó "por la falta de control del personal penitenciario, por las deficientes condiciones de iluminación y seguridad del sistema carcelario, lo que facilitaron el asesinato". Con ese escenario, la familia responsabilizó al Estado por la "falta de control de los agentes carcelarios para evitar daños a la integridad física de los reclusos" y porque tiene el "deber de custodia, seguridad y vigilancia de los internos". La provincia sostuvo que Zalazar estaba en un pabellón y área específica para reos de buena conducta, en fase "a prueba" ante una eventual salida transitoria. Así, "tenían mayor libertad de desplazamiento. Cada uno poseía las llaves de su propia celda pudiendo desplazarse libremente dentro del pabellón". En ese marco, el Estado apuntó a que "fueron los propios internos los que terminaron con la vida de Zalazar y quienes, en definitiva, resultan responsables".
Al analizar las posturas, la jueza fue contundente al explicar que los funcionarios del Penal "tienen el deber legal de garantizar la vida de las personas privadas de su libertad por disposición de la Justicia. Es, a ese fin, que debe extremar el cuidado de las condiciones carcelarias". En esa línea, destacó que "al estar destinado el pabellón para internos en fase previa al período de salidas transitorias y por no contar con vigilancia permanente, mayor debía ser el control por parte de los funcionarios del Penal para evitar que los internos mantengan en su poder estos elementos que, a la postre, se convierten en arma homicida. Se advierte una clara negligencia por parte del personal carcelario". Sobre la falta monitoreo de los internos en el área de "prueba", Tettamanti remarcó que es "admitir que, dicha posición, importaría nada menos que convalidar la existencia de "zonas liberadas" dentro del establecimiento carcelario, lo que resulta inadmisible". Además, indicó que se trata "de un caso de responsabilidad refleja del Estado, por una omisión de los funcionarios a su cargo", que la "falta de control" de los internos "permitió que existieran rencillas dentro del pabellón" y que fabricaran y usaran armas caseras (tumberas) para matar a Zalazar.
Exfuncionario
La provincia fue condenada a pagarle unos $670 mil ($350 mil más intereses) al ex jefe de Prensa del Auditorio, Eduardo Trifonoff. La Justicia consideró que hubo daño moral porque se demostró que la "falsa acusación" afectó su estado de salud, ya que se lo trasladó de su puesto y se le abrió un sumario sin resultado.
Condena por acoso
El Estado fue condenado a pagar poco más de un millón de pesos, más intereses hasta que la sentencia quede firme, lo que a, la fecha, serían unos 2,3 millones de pesos. Una trabajadora social del Penal denunció ser víctima de acoso laboral y sexual por parte del exdirector del Penal, Nicolás Manrique.