Este lunes comienza el juicio contra el excomisario Gustavo Padilla, quien está acusado de utilizar una camioneta Toyota 4×4 del depósito judicial para pasear con amigos por el campo. El que le había entregado el vehículo fue el exjuez penal Pablo Flores, quien, a su vez, fue procesado por incumplir con sus deberes de funcionario público, dado que la disposición de las movilidades es una facultad exclusiva de la Corte de Justicia, que puede cederlos sólo a favor de instituciones y no de personas determinadas, como en el caso de Padilla.
Sin embargo, el expediente contra el exmagistrado viene demorado, luego de que su abogado, Iván Román, apelara el procesamiento. Con el cambio al sistema acusatorio, el caso pasó por la Unidad Conclusiva de Causas y recayó en la Sala II de la Cámara de Apelaciones, en donde el fiscal de Cámara, Daniel Galvani, rechazó el planteo del defensor. Así, los jueces Maximiliano Blejman, Silvina Rosso y Juan Bautista Bueno deben decidir si le hacen lugar o no al pedido.
Con respecto a Gustavo Padilla, este lunes su abogado defensor dijo que "los hechos no están controvertidos. Nuestra defensa jamas negó que Padilla había pedido una camioneta ni que haya existido una resolución judicial. Los hechos existen y no va a haber material contradictorio".
En ese sentido, durante el diálogo con Radio Sarmiento, Alejandro Miquelarena sostuvo que "lo que se va a discutir en el juicio es si hubo alguna ilegalidad en materia de solicitar la camioneta y, concretamente, si esa conducta encuadra en el abuso de autoridad por el que se lo acusa. Padilla explicó en la indagatoria el motivo que lo llevó a solicitar el vehículo".
Además, el abogado señaló que "la camioneta fue pedida para el ejercicio de las funciones y en ningún momento le dijeron que solo podía utilizar la camioneta para su función, no hubo ninguna resolución, ya que si es así, estaríamos hablando de un incumplimiento a una orden judicial y no de abuso de autoridad. Si la orden judicial lo habilitaba, no necesariamente uno abusa de autoridad y si la resolución no se lo prohibía, no hubo abuso de autoridad".
De todas maneras, Miquelarena aseguró que "esperamos que vamos a tener un juicio justo. Nos deja tranquilos la imparcialidad de los jueces y creo que podemos discutir técnicamente si la conducta fue delito o no. Acá estamos debatiendo si se faltó a un deber moral, por eso es un juicio técnico y vamos a discutir si encuadra o no en el tipo penal. Como esto es derecho, el caso puede llegar hasta la Corte Suprema de la Nación como está previsto".