La violación, tortura y asesinato de una beba de un año y once meses en Puerto Montt, Chile, reavivó el debate sobre la pena de muerte en el país. Sophia fue asesinada por su padre, Francisco Ríos Ríos, quien lleva cinco meses en prisión preventiva a la espera de juicio y está acusado de parricidio y violencia intrafamiliar. Tras la autopsia del cadáver, los forenses determinaron que la niña tenía quemaduras y hematomas y sufrió abuso sexual.
El suceso generó movilizaciones en todo Chile; en especial en Santiago, Concepción y Puerto Montt. En esas manifestaciones se escuchan consignas de todo tipo, incluida la frase “pena de muerte al asesino”. De hecho, algunas personas solicitan que se impulse la Ley Sophia, con la que se aplicaría la pena capital a quienes perpetraran delitos de ese tipo.
Chile derogó la pena de muerte en 2001, durante el mandato de Ricardo Lagos, y reemplazó ese castigo por la prisión perpetua calificada. Esa medida establece que el condenado puede optar a libertad condicional al cabo de 40 años.
Sin embargo, las autoridades chilenas realizaron las últimas ejecuciones en 1985, cuando acabaron con la vida de Jorge Sagredo y Alberto Topp, dos exfuncionarios de Carabineros condenados por el asesinato de una decena de mujeres en Viña del Mar.
La presidenta de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Teresa Mora, recordó que la pena de muerte aún existe en el Código de Justicia Militar de Chile, pero indicó que “existen tratados internacionales que dicen que no se puede restablecer, con excepción de que permanezca vigente en el derecho interno”, citó el portal chileno ADN.
El Congreso de Chile, mientras tanto, está bastante dividido, incluso entre legisladores de las mismas bancadas.
Uno de sus legisladores, Jaime Bellolio, estima “incoherente” y “contradictorio” que un sector que se ha manifestado en “favor de la vida” solicite la pena de muerte, mientras que otros diputados de esa formación enviaron una carta al presidente electo, Sebastián Piñera, para que someta el asunto a plebiscito.