El jefe de la Iglesia local, monseñor Jorge Lozano, encabezó ayer una conferencia de prensa luego de que este medio revelara que, en octubre de 2018, autoridades eclesiásticas le tomaran la declaración a un adolescente de 15 años que narró que había sufrido abusos sexuales del cura Walter Bustos y que le hicieron jurar sobre la Biblia que no tenía que contar nada, entre otros puntos. El padre David Gómez, quien llevó la investigación canónica contra el sacerdote como juez instructor del Tribunal Diocesano, manifestó que instó tanto al joven como a la madre a que radicaran la denuncia en la Justicia ordinaria, lo que consta en actas. Sin embargo, desde Fiscalía, cuyo personal secuestró documentación y el expediente de la causa interna contra Bustos tras el allanamiento del viernes, indicaron que eso no es cierto.
Ese fue uno de los contrapuntos en cuanto a la versión del Arzobispado. Otro eje que había salido a la luz fue la autorización desde Roma para que la Iglesia sanjuanina realizara en febrero de 2020 una investigación penal canónica contra Bustos y que, si se confirmaban los hechos, se aplicara una sanción. Monseñor Lozano manifestó en la conferencia que "lo que nos indican es la conveniencia de esperar que concluya la instancia penal para hacer un cierre de una sentencia que podamos dar". La "instancia penal" que mencionó el arzobispo tiene que ver con la condena de 1 año y 8 meses que recibió el presbítero Bustos por el abuso sexual de un niño, la cual aún no está firme, a la que se le sumó la nueva causa que está bajo investigación por parte de la UFI CAVIG. No obstante, desde el Ministerio Público señalaron que ese punto tampoco es cierto, ya que la indicación de Roma es que el Arzobispado sanjuanino decida si el proceso penal canónico debe efectuarse antes o después de la finalización de la causa penal, indicaron las fuentes.
Además de Lozano y Gómez, la abogada Cristina Naveda y su colega Rubén Lloveras explicaron que no se trató de tapar el hecho. Así, manifestaron que, cuando los sacerdotes le tomaron el 24 de octubre de 2018 el testimonio a la víctima (Gómez y el párroco Nelson Cuello, que firmó como actuario) regía el artículo del Código Penal que establecía que los delitos contra la integridad sexual son de instancia privada y, como tales, deben ser denunciados por la víctima, sus padres o tutores legales. Por lo tanto, indicaron que, si no lo hacía el adolescente, la Iglesia no podía hacer la acusación, sumado a que dijeron que el menor no quería hacerlo, pese a que se lo recomendaron, al igual que a la madre.
En el acta de la declaración del menor, se dejó constancia del juramento de "guardar secreto de lo actuado". Gómez expresó que "es una fórmula que se coloca para los funcionarios actuantes de la Iglesia. No podemos andar ventilando la intimidad de las personas". Ese punto es lo que están analizando en la UFI CAVIG para determinar si se ha producido o no el delito de coacción, ya que la víctima y la madre resaltaron que les hicieron jurar sobre la Biblia que no debían contar nada de lo sucedido. Lloveras remarcó que no hay delito, mientras que Gómez destacó que actuaron "moral, jurídica y éticamente bien".
Por otro lado, trascendió que Lozano y Gómez aportaron fondos para la defensa del cura Bustos. El dato es llamativo, cuando son los que definirán su proceso canónico (ver aparte).
- Más detalles
Aportes
Según las fuentes, tanto Lozano como Gómez aportaron fondos para la defensa del cura Walter Bustos. Lo hicieron luego de que se le tomara testimonio a la víctima sobre los presuntos abusos sexuales que sufría del sacerdote.
Postura de Lozano
Ante el aporte de fondos, Lozano dijo que, si bien Bustos fue suspendido del ejercicio sacerdotal, "no lo podemos dejar desamparado. Tenemos que ver cómo ayudar a que tenga una vida digna mientras se termine de resolver este tema".
Mirada legal
Los abogados dijeron que el aporte de fondos para la defensa de Bustos es garantizar su derecho. Así, indicaron que no es la misma persona la defensa que el juez canónico y que es lo mismo que hace el Estado.