La gestión de Sergio Uñac ya había tomado la decisión y ahora le puso fecha. Luego de varias idas y vueltas con el edificio 9 de Julio y su posible uso como Ciudad Judicial, el Gobierno llamará en marzo a licitación para consolidar la estructura del gigante de cemento para que quede en condiciones de ser utilizado. Pero es casi un hecho que el inmueble volverá a manos del Ejecutivo y que lo terminará usando para oficinas públicas, ya que desde la Corte se han resignado a dejar el edificio y trasladarse al predio de la ex bodega Cavic. Desde el Ministerio de Infraestructura y Planificación y el máximo tribunal judicial confirmaron que la semana que viene habrá un encuentro decisivo para sellar el acuerdo.
Hoy el edificio está en poder de la Justicia, pero luego de varios estudios, la Corte decidió que no era el indicado para llevar a cabo la Ciudad Judicial, debido a que no cumplía con los requisitos de espacio que necesita actualmente y por sus problemas estructurales. En línea con eso, el presidente del máximo tribunal, Humberto Medina Palá, le dijo a los medios en diciembre que los terrenos de la exbodega Cavic son los adecuados, por lo que dejó en claro que no necesitarán del 9 de Julio. El predio ubicado en Chimbas había sido ofrecido por la administración uñquista, por lo que la voluntad de ambas partes deberá quedar plasmada en los papeles. Para llevar adelante la Ciudad Judicial, el Gobierno y el Poder Judicial deberán hacer una fuerte inversión y para ello conformaron un fideicomiso que actualmente ronda los 140 millones de pesos.
Como el Gobierno no va a desechar el edificio 9 de Julio y lo va a utilizar, el Secretario de Obras Públicas de la provincia, Jorge Deiana, confirmó a DIARIO DE CUYO que el pliego de licitación para la consolidación está prácticamente finalizado y que el llamado se hará en marzo. “La obra tiene un presupuesto de más de 40 millones de pesos y una vez adjudicada, la empresa tiene un plazo de ejecución de 12 meses”, explicó el funcionario.
Además, justificó la decisión de poner en condiciones la infraestructura de la mole de cemento destacando que “para la provincia tiene un valor histórico y arquitectónico muy importante y el Ejecutivo también necesita de oficinas, ya que hoy está alquilando inmuebles”.
El Gobierno cedió el edificio en 2007 al Poder Judicial, luego de que el primero se trasladara el Centro Cívico (Ver cronología). Con el inmueble en sus manos, la Corte demoró 10 años para hacer los estudios correspondientes de las condiciones del mismo y evaluar las necesidades de funcionamiento para saber a ciencia cierta si servía o no.
Uno de los puntos clave por lo que la Corte decidió no seguir adelante con la ocupación del edificio fue que un estudio reveló que las losas de los pisos no iban a soportar la cantidad de papeles de los distintos juzgados. Según explicó Deiana, los trabajos que deben realizarse en el inmueble corresponden a dejar toda la estructura a punto para poder ser ocupada. “Consiste en reforzar columnas y vigas, pero lo que es de difícil resolución es el tema de las losas porque de cambiarlas, tendría un costo adicional muy importante. Lo que se les va a realizar es un trabajo necesario para que todo cumpla con la normativa adecuada”, aclaró el funcionario.
En su momento se analizó la posibilidad de colocar un sistema de aislantes sísmicos en las bases del inmueble, pero ese trabajo habría producido que el edificio perdiera el subsuelo, limitando aún más el espacio.
Cronología
Abril
2007 El entonces gobernador José Luis Gioja firmó con la Corte de Justicia el traspaso del edificio 9 de Julio. El objetivo fue anexar el gigante de cemento con el actual palacio de Tribunales.
Septiembre
2009 El Ejecutivo mandó a Diputados el proyecto que creaba el fideicomiso con el que se iba a financiar la Ciudad Judicial. En mayo de 2012 se supo que la norma aprobada estaba mal hecha.
Octubre
2012 Un informe técnico del Poder Judicial recomendó en ese entonces que el 9 de Julio no sea ocupado parcial o totalmente. Señalaba que el edificio no era seguro y que debía ser consolidado.
Octubre
2015 Tras la corrección de la norma, se conformó el fideicomiso. El fondo tuvo un monto inicial de 110 millones de pesos, en el que la Corte aportó 80 millones y el resto, el Ejecutivo.