La histórica referente feminista e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Nelly Minyersky, aseguró ayer que desde este colectivo que integran más de 300 organizaciones "se está trabajando" en la elaboración de un nuevo proyecto de ley para presentar en marzo próximo en el Congreso.
Todo indica que el debate por una ley de interrupción voluntaria del embarazo atravesará la campaña presidencial 2019.
Según anticipó Minyersky, el nuevo proyecto "va a mantener los principios básicos del anterior" de respeto a la autonomía de las mujeres y para tratar el tema como un problema de salud pública.
"El texto recién se está trabajando en una comisión redactora ampliada y será primero sometido a un plenario de la Campaña que sería a fines de febrero, respetando la territorialidad y el carácter federal" de este colectivo, dijo Minyersky.
Si bien la abogada se excusó de anticipar el tenor de las modificaciones, adelantó que "siempre será en pos de mejorar" y que el borrador final "no resignará los principios fundamentales" de la iniciativa que tuvo media sanción en Diputados en junio pasado y fue rechazada por un ajustado margen en la Cámara alta.
"Va a mantener los pilares básicos del anterior: el derecho al aborto como un problema de salud pública, el respeto a la autonomía de las mujeres, la propensión a la igualdad, la laicicidad y el derecho a disponer del propio cuerpo", explicó. Por ello, se mantendrá la despenalización y legalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación y su incorporación como práctica en los servicios del sistema de salud.
"Despenalizar solamente no es posible porque va a seguir manteniendo la desigualdad flagrante que es la posibilidad de que las mujeres que están excluidas del sistema de salud, se las revictimice obligándolas a abortar en la clandestinidad", dijo.
Minyersky destacó la "gran tarea emprendida por la Campaña" que permitió no sólo la media sanción sino "un avance enorme en la conciencia social en la verdad de lo que reclamamos que no es nada más ni menos que algo tan íntimo como decisión de cuántos hijos tener", un derecho que "avalan la Constitución y los tratados derechos humanos". "En Uruguay se presentó tres veces y a la tercera se aprobó. Acá va a ser complejo pero nos acompaña la ciencia y un estado de derecho democrático que cada vez que amplía derechos no obliga a nadie, pero cuando los restringe obliga a cambiar proyectos de vida, a morir o a cometer un supuesto delito", concluyó.
En tanto, el diputado Daniel Lipovetzky (PRO) confirmó ayer que el proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo volverá a presentarse en el Congreso en marzo próximo, aseguró que "acompañará" el texto junto a otros legisladores de diferentes fuerzas políticas y señaló que lo ideal sería tratarlo en el recinto en el primer semestre de 2019.