La Justicia sobreseyó este jueves a 52 mendocinos que violaron la cuarentena por la pandemia de Covid-19 participando de fiestas clandestinas.
Se arribó a esta definición porque cada uno de ellos donó dos cajas de leche en polvo larga vida de 800 gramos, condición fijada por el Ministerio Público Fiscal para acceder al sobreseimiento.
De este modo, quedaron desvinculados definitivamente de la causa judicial. Por el contrario, los mendocinos que no aceptaron esta propuesta simbólica de reparación del daño causado serán llevados a juicio.
El acuerdo para zafar de la condena
Quienes circularon durante la pandemia, a pesar de las restricciones fijadas por la ley en resguardo de la salud pública, fueron imputados por favorecer la propagación del coronavirus.
Más de 6.000 ciudadanos fueron imputados por la violación del artículo 205. Frente a la enorme cantidad de causas judiciales abiertas y a la imposibilidad operativa de tratarlas una por una, la Justicia ofreció una solución restaurativa: que cada imputado pague por el daño ocasionado donando cajas de leche. Todo lo recaudado será destinado a las carteras de Salud y Educación de Mendoza.
Así lo explicó el fiscal Fernando Guzzo, en nombre del MPF: "Los hechos en los que fueron sorprendidos pusieron en riesgo a la población en un momento en el que el país incluso había cerrado sus fronteras y restringido sus actividades al mínimo. No podemos mirar para otro lado y hacer de esto un “acá no ha pasado nada”. La sociedad espera una respuesta del Estado. Acogidos por la Ley, estamos ofreciendo una solución que es simbólica y pacificadora y por eso es que solicitamos que se dicte el sobreseimiento”.
Este jueves fue el turno de una parte de los que estaban participando de fiestas clandestinas. La audiencia colectiva duró 30 minutos y el tribunal estuvo integrado por los jueces penales Eleonora Arenas y Gabriel Bragagnolo. El defensor oficial Gabriel Galeota asistió a los imputados.
El resto de los imputados en la cuarentena
A partir del lunes 11 de julio será el turno de quienes circulaban por la vía pública sin los permisos que se exigían y que eran emitidos por organismos estatales para las personas de actividades esenciales.
Desde el Poder Judicial recordaron que quienes no acepten esta solución restaurativa seguirán imputados y llevados a juicio por lo cual arriesgan una condena.