Ayer se conoció una noticia que promete levantar polvareda: mientras dure la emergencia sanitaria provincial por el coronavirus, la distribuidora eléctrica de la provincia -Energía San Juan S.A.- no podrá repartir utilidades entre sus accionistas. Y cuando pase la pandemia, y mientras siga adeudando plata del préstamo que le hizo la provincia para saldar sus deudas, tendrá que pedir autorización al Gobierno para girar utilidades. La disposición que se acaba de conocer en la provincia fue tomada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) en la resolución 328/2020 el 4 de junio pasado, y publicada ayer en el Boletín oficial. Ahora se abre un gran interrogante sobre los motivos que llevaron a tomar esta medida, dado el hermetismo que se maneja en torno al tema que, según se sabe, ha caído como un balde de agua fría a la empresa distribuidora.
Nadie hizo declaraciones en la empresa Energía San Juan, y tampoco desde el ente regulador, lo que impide saber por qué se tomó esa medida. La resolución publicada no expone los motivos y al igual que en otras oportunidades, se repitió el silencio de las autoridades del EPRE, un organismo acostumbrado a no explicar las decisiones que toma. El Ministro de Obras y servicios Públicos, Julio Ortiz Andino, tampoco contestó el llamado.
La resolución, de 4 artículos, es concluyente. Indica que el Directorio del EPRE dispone que mientras se mantenga la emergencia sanitaria provincial, declarada en la Ley 2035-A Energía San Juan no podrá autorizar el retiro de dividendos a los accionistas de la empresa. Le recomienda a la distribuidora que gire las utilidades que puedan generar su giro comercial a ""reservas voluntarias o previsiones" como señala el articulo 35 inciso d, del estatuto de la empresa. Y va más allá, puesto que en el articulo 3 le indica que una vez que termine la emergencia sanitaria provincial y mientras Energía San Juan "mantenga saldo deudor en el convenio de préstamo suscripto el 9 de agosto de 2019 con el EPRE (resolución 580/19) o sus refinanciaciones", la distribuidora sólo podrá autorizar el retiro de dividendos "previa comunicación fehaciente y autorización expresa" del EPRE. Por último le indica a la empresa que tiene un plazo de 20 días para acreditar ante el organismo el cumplimiento de la resolución, remitiendo copia certificada de la asamblea de accionistas en la cual se haya dispuesto la adopción de la medida.
Sin las explicaciones de la decisión tomada por el organismo, las conjeturas ayer se multiplicaron. Las sociedades anónimas tienen fecha de cierre de balance cada fin de año, y luego un plazo de cuatro meses para fijar en asamblea de accionistas el reparto de utilidades, algo que estaría a punto de ocurrir. Una fuente señaló que la medida de prohibir el reparto de utilidades tiene lógica si la empresa está debiendo plata, pero representa una pésima noticia para una provincia que está buscando atraer inversiones.
En el marco de las especulaciones dicen que esta decisión se tomó porque la distribuidora no pagó una cuota del préstamo que le dio la provincia. Se trata de $1.900 millones que el gobierno le prestó el año pasado para saldar una deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Pero de ser así, la decisión se dispuso a posteriori de haber aceptado la empresa el préstamo, lo cual también genera dudas.
Otras fuentes consultadas, sorprendidas por la medida, especularon que estos pasos marchan hacia una estatización de la firma, y que esta fue una jugada de hostigamiento tendiente a ir "cortándole" el oxígeno. El antecedente reciente de una prohibición de usar utilidades libremente es la medida que tomó el comité de evaluación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP). Decidió que todas las empresas que reciban ayuda estatal para pagar salarios de mayo no podrán recomprar sus acciones ni distribuir utilidades. Ese requisito fue la razón que argumentó el grupo Techint, que preside Paolo Rocca, para desistir el 30 de mayo pasado a los fondos de ayuda nacionales para pagar la mitad de los sueldos en medio de la crisis desatada por la cuarentena.