El secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato, consideró que el intento de que los integrantes del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias "es un ataque a la Justicia y viene del Congreso".
"Por supuesto que nos oponemos. Siempre nos opusimos. No sólo que no pague el Poder Judicial, sino que ningún trabajador tiene que pagar un impuesto que está concebido como un impuesto al trabajo. La naturaleza del trabajo es alimentaria, no es un concepto de ganancias", sostuvo el dirigente sindical.
En declaraciones radiales, el secretario de Derechos Humanos de la CGT afirmó que la iniciativa del diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto "es un ataque a la Justicia y viene del Congreso".
"Esto no estaba en el proyecto de Presupuesto (original, enviado por el ministro de Economía, Sergio Massa). El Congreso tendría que discutir una reforma integral al sistema tributario para que realmente en la Argentina paguen los que se llevan la parte del león", subrayó.
Y añadió: "De los que más recaudan es de los trabajadores. Los que se llevan la torta de la ganancias y el esfuerzo de todos los argentinos no son los integrantes del Poder Judicial, sino la usura financiera".
En ese sentido, se quejó de que el gravamen "se ha transformado en un impuesto regresivo" y apuntó contra el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Carlos Heller: "Es un banquero que tiene un banco disfrazado de banco cooperativo y no paga ganancias".
"Instalar este tema es insólito, es generar un nuevo conflicto innecesariamente, cuando hay temas mucho más importantes para discutirse para que la realidad de los argentinos cambie de una vez por todas", concluyó.
Desde el 2017, se incorporaron al régimen de Ganancias todos los integrantes del Poder Judicial nombrados a partir de la sanción de esa ley, pero quedaban afuera todos aquellos que trabajaban con anterioridad.
De esta manera, el nuevo inciso "a" del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, indica que constituyen ganancias de cuarta categoría "las provenientes del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los poderes Ejecutivos y Legislativos.
En el caso de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por rodos los conceptos que integran sus remuneraciones".
En tanto, el nuevo inciso "c" del mismo artículo, especifica que el impuesto aplica a "las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal, de los consejeros de las sociedades cooperativas y de las asignaciones mensuales y vitalicias reconocidas a presidentes, vicepresidentes de la Nación y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
El diputado nacional entrerriano oficialista Marcelo Casaretto argumentó que no se trata de una cuestión de "independencia del Poder Judicial", sino de "justicia" para que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley en cuanto al tributo.
"Planteamos que con tantas necesidades que tiene la Argentina, tenemos que ver quiénes son los que tienen capacidad contributiva. Si hay gente que gana 2 millones de pesos y no pagan Ganancias, tienen que empezar a pagar. A esta altura del partido esto es un privilegio inaceptable", enfatizó el diputado del Frente de Todos. La propuesta, que tensiona aún más la tirante relación entre el Gobierno y el Poder Judicial, cosechó el respaldo de algunos diputados de la Unión Cívica Radical.