Es indudable que la aplicación del sistema acusatorio en la Justicia penal sanjuanina trajo importantes beneficios para las víctimas, que ahora ya no tienen que esperar años y años para que el caso se resuelva. Sin embargo, el remanente que quedó en el viejo sistema no tuvo la misma suerte: hay causas apiladas en el piso y cerca de 2.500 prescribieron, por lo que nunca se sabrá si los acusados son culpables y los denunciantes no tendrán respuesta. Lo peor es que muchos de esos procesos respondían a delitos graves.

En el fuero Penal de San Juan se aplicó históricamente el llamado sistema inquisitivo, en el que el juez investigaba y resolvía y un pesado y burocrático procedimiento no ayudaba a darle celeridad a la resolución de los casos. El resultado fue juzgados abarrotados, víctimas de delitos en una espera eterna y una parva de causas que directamente no tuvieron sentencia. En febrero de 2021 hubo una bocanada de aire fresco, cuando se lanzó el llamado sistema acusatorio. La investigación es ahora propiedad de los fiscales y un batallón de ayudantes, el juez sólo se dedica a resolver y los procedimientos son mucho más ágiles. Así se pudo saldar, en parte, la histórica deuda social de la morosidad, la gran mayoría de los casos cuenta con sentencia y los culpables son condenados mucho más rápido, en algunos casos en semanas o meses.

Hay causas apiladas en el piso y cerca de 2.500 prescribieron, indicaron las fuentes.

Las causas penales anteriores a febrero de 2021 quedaron en el viejo sistema, el inquisitivo. Los juzgados Correccionales y de Instrucción que pasaron al acusatorio se desprendieron de unos 12.000 expedientes que fueron derivados a la Unidad Conclusiva, una estructura conformada por fiscales, jueces y administrativos que tiene la misión de concluir esos procesos por los más variados delitos. Fuentes judiciales que pidieron reserva tildaron de "grave" lo que está pasando en la Unidad Conclusiva. Aseguraron que los expedientes están guardados en armarios o en el piso y que miles han prescripto. Esto es, que se venció el tiempo máximo que tenía la Justicia para resolver y que ahora, en cambio, serán archivados.

Este diario solicitó al Poder Judicial las estadísticas de la Unidad Conclusiva y la respuesta fue que en estos momentos se están elaborando y que en los próximos días estarán disponibles. No obstante, un dato extraoficial describe el panorama: hay, al menos, un 20% de casos que caducó, es decir 2.400. Significa que personas que efectivamente fueron víctimas del delito no encontraron ni encontrarán respuesta en un sistema que está concebido para protegerlas. Jamás se podrá saber si los acusados cometieron un crimen y si corresponde que tengan un castigo y vayan presos.

Abogados litigantes de larga trayectoria contaron que en todo el Poder Judicial es normal que prescriban casos por delitos que no son muy significativos. Pero coincidieron en que muchos de los que quedaron en la nada aquí no son precisamente hechos menores. Sin poder precisar cantidad, cosa que debería surgir de las estadísticas oficiales, las fuentes confesaron que hay causas prescriptas por violencia de género, delitos contra la integridad sexual y homicidios culposos en siniestros viales. Las demás se dispararon por hurtos, estafas y amenazas, entre otras.

Un dato extraoficial describe el panorama: hay, al menos, un 20% de casos que caducó, es decir 2.400.

Si el objetivo de la creación de la Unidad Conclusiva es cerrar de manera prolija y efectiva los casos pendientes (así lo justificaron oportunamente las autoridades judiciales), surgen varias preguntas. ¿Hubo una estrategia de selección que estableciera prioridades por la severidad del hecho y que evitara que presuntos violentos, negligentes al volante y abusadores sigan caminando por la calle como si nada? ¿Se hizo un recuento para ver cuáles eran los procesos que estaban más cerca de pasar a la historia?

Hay un caso que sirve de síntesis: un hombre fue procesado (el fiscal y el juez consideraron que las pruebas lo comprometían), pero la causa quedó freezada en la transición y no se elevó a juicio en tiempo y forma. Al final, pasaron las semanas, los meses y los años y el imputado zafó. Zafó no por ser declarado inocente, sino porque nadie se ocupó.

A la luz de las cifras que trascendieron, quedan bajo la lupa las medidas que tomó quien administra el Poder Judicial para tratar que no se generara una olla a presión a punto de estallar. La Unidad Conclusiva es atendida por jueces subrogantes, que son los que ya están en funciones en otros organismos y que se ven recargados. La responsabilidad recayó en los 4 magistrados de Flagrancia, bajo el argumento de que las estadísticas demuestran que pueden atender en simultáneo los 12.000 casos heredados y los nuevos que llegan a su jurisdicción. "Es lógico que no den abasto", aseguraron empleados judiciales.

Hace tiempo que en los pasillos de Tribunales retumban quejas contra los miembros de la Corte de Justicia y su diseño para pasar de un sistema a otro. Les endilgan, entre otras cosas, poner casi todas las fichas en el nuevo sistema (vale reiterar que trajo un sinfín de beneficios) y no afectar jueces que se dediquen exclusivamente a la Unidad Conclusiva, sea a investigar, resolver o celebrar las audiencias de juicio. Al parecer, no todo se cocinó después de febrero de 2021. Las fuentes señalaron que algunos procesos llegaron prescriptos desde los viejos juzgados Correccionales y de Instrucción y que lo único que hicieron ahora fue declararla formalmente. En los demás, insistieron, los plazos se vencieron en los últimos 2 años y medio.

Por una vía o la otra, el Poder Judicial de San Juan dejó de cumplir con su función primaria, con la más básica. Ante cada denuncia debe determinar si hubo delito, quién o quiénes son los culpables y, si correspondiera, aplicarles el castigo que dispone el Código Penal. El panorama es elocuente y choca de frente con los anuncios de cada avance del sistema acusatorio. La cara más visible del sistema penal sanjuanino muestra una ágil reforma que va camino a traspasar la totalidad de los delitos al nuevo modelo (esta semana la Corte de Justicia llamó a conferencia de prensa para anunciar que será a partir de febrero) y seguir mejorando la capacidad de respuesta. La otra, más silenciosa y disimulada, arrastra causas arrumbadas y paralizadas que definitivamente quedaron en el aire.

El saldo final trae aparejado un plano de desigualdad entre los justiciables. Muchos de los que fueron víctima de un delito antes de la fecha de corte miran con sana envidia cómo otros sanjuaninos en la misma situación tienen ¿la suerte? de ver esclarecidos los hechos a tiempo en el sistema a acusatorio.