La Legislatura provincial ha resuelto el viejo problema de la titularidad de dominio de las unidades habitacionales construidas o financiadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), adjudicadas hasta el 31 de diciembre de 2019, mediante una norma sancionada con carácter preferencial y de trámite urgente con gratuidad de costos de escrituración, a fin de resolver el problema de posesión de sus casas, estén canceladas o con deudas pendientes.
Esta situación que afecta a unas 44.000 familias es compleja porque los inmuebles han sido construidos o financiados por el organismo, que se mantiene como titular del predio, o del Estado provincial, los municipios, de la Nación, o de terceros particulares. Esto implica la intervención de otras áreas, como Catastro y Planeamiento, para establecer los límites del núcleo habitacional y las transferencias al dominio público de calles y espacios verdes, por ejemplo.
Pero el aspecto humano es trascendente porque se resolverán irregularidades de décadas de viviendas ocupadas por familias que no eran las adjudicatarias originales y los desalojos traumáticos por dejar gente desamparada en la calle, y luego repetirse las usurpaciones, en un círculo vicioso. De ahora en más habrá una nueva adjudicación para quien habite en los últimos tres años hasta 2019, y cumpla con las exigencias del IPV, con escritura incluida e hipoteca si existe deuda pendiente, la que será refinanciada.
También la norma prevé resolver la situación de las personas que sin ser declaradas herederas del poseedor originario de la vivienda, hayan convivido con el adjudicatario, un problema propio del tiempo transcurrido sin una solución como la encuadrada en esta ley de excepción. Es así que las deudas que posea el inmueble por impuestos, tasas y contribuciones no serán impedimentos para escriturar ni para la aprobación de mensuras.
La ley es muy amplia al respecto y abre las puertas para superar la burocracia mediante la celebración de convenios de colaboración y cooperación con colegios profesionales, universidades y municipios, que puedan contribuir a la idea de depurar y normalizar las anomalías que impedían poseer la casa propia con el respectivo título de propiedad.
Es de esperar que este avance de lugar a un nuevo sistema de adjudicación de los barrios del IPV de manera de entregar las viviendas en construcción con la correspondiente escritura e hipoteca al beneficiario que cumplió rigurosamente con las exigencias. La titularidad evitará futuros problemas como los resueltos ahora.