El Gobierno nacional le transmitió ayer a representantes de las petroleras una propuesta para que la devaluación del peso argentino no impacte en el precio de los combustibles.
Según publicaron medios nacionales, el ministro de Energía, José Aranguren, recibió a representantes de las principales petroleras para analizar la situación en el sector de los combustibles, frente a las turbulencias internas que marcó el salto del dólar y frente al avance del precio del crudo Brent por encima de los 75 dólares el barril.
Según el diario Ámbito Financiero, el Gobierno nacional de Mauricio Macri busca frenar, o al menos moderar, la presión de las compañías petroleras que quieren actualizar el precio de los combustibles.
La propuesta oficial busca que las empresas acepten recuperar en los próximos seis meses el aumento que no se aplicaría en este mes, ya que, como proyecta el Gobierno, la inflación iniciará un camino descendente, según el sitio de noticias TN.
Sin embargo, el incremento que experimentó el dólar en los últimos días generó presión sobre los valores de los combustibles, ya que el precio del petróleo depende de la cotización de la moneda estadounidense.
El presidente de la Asociación de estaciones de Servicios Independientes, Manuel García, reveló que las compañías dejaron trascender que esta semana se aplicaría un aumento de entre el 6 y el 10 por ciento.
En ese contexto, Aranguren llegó a la reunión con una realidad en su espalda: el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne había admitido que el alza en la moneda estadounidense se trasladaría a precios. Con ese panorama, el titular de Energía se sentó a negociar. Aranguren y las petroleras analizaron alternativas para no trasladar a precios la reciente devaluación de casi el 9 por ciento.
Las petroleras le plantearon a Aranguren que se permita una recomposición más tenue de la suba del tipo de cambio, para al menos cubrir el alza de costos.
Según difundió el diario Clarín, Aranguren explicó a las petroleras que no cree conveniente la aplicación de nuevos aumentos durante dos meses. Aunque la conducción de YPF es independiente del Gobierno, la decisión del Estado nacional sería la de congelar incrementos por 60 días en la firma, en la que posee un 51 por ciento de las acciones. La iniciativa oficial llegaría acompañada por una modificación en la aplicación del impuesto a la transferencia a los combustibles. El Gobierno estaría dispuesto a que este tributo no aumente y hasta baje.