El viernes 3 de noviembre de 1995, a partir de las 8:55, se sucedieron tres grandes explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero y luego una serie de estallidos que se propagaron durante todo el día. El hecho causó la muerte de siete personas y dejó más de trescientos heridos. La onda expansiva de la tercera explosión, mayor que las dos anteriores, dispersó de manera violenta proyectiles y esquirlas sobre gran parte de la ciudad. Provocó graves daños materiales, especialmente en los barrios aledaños a la fábrica (Escuela, Las Violetas, El Libertador y Cerino) donde resquebrajó viviendas, arrancó techos y destruyó vehículos. Muchos habitantes huyeron de la ciudad con lo puesto hacia conglomerados urbanos vecinos. Allí se instalaron en plazas y casas, donde recibieron alimentos, agua y acceso a teléfonos para comunicarse con familiares y amigos. Otros optaron por resistir en sus hogares, soportando “el bombardeo” mientras las calles se llenaban de toneladas de escombros, proyectiles, vainas de diferente calibre y obuses de gran tamaño. Fueron varias las personas que padecieron los síntomas físicos y mentales, lo que sumado a las distintas pérdidas materiales, dieron origen a miles de demandas por daños y perjuicios contra el Estado argentino.
Ese mismo día, el entonces presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, se trasladó hacia Río Tercero y ofreció una conferencia de prensa. Allí dijo que se trataba de un accidente y al ser consultado por el periodismo si podía tratarse de un atentado, respondió “le estoy diciendo que no, descártelo totalmente, es un accidente. Se trata de un accidente y no de un atentado. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra”.
Sin embargo una vez acallados los ecos de los estallidos, se pasó de la versión de un accidente a la sospecha de un atentado y se comenzó a vincular las explosiones con una supuesta venta ilegal de armas.
Para contextualizar hay que recordar que entre 1991 y 1995, durante el mandato de Menem, se firmaron tres decretos (1697/91, 2283/91 y 103/95) en los que se autorizaba al país a vender armas de guerra a Panamá y Venezuela. Pero esos pertrechos luego terminaron en poder de los ejércitos croata y bosnio-herzegovino, en las guerras yugoslavas, y del ejército ecuatoriano, en la Guerra del Cenepa, contra Perú. Con el agravante que en el caso del enfrentamiento entre las fuerzas armadas de Perú y Ecuador, Argentina era uno de los países garantes del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, firmado el 29 de enero de 1942 para poner fin al conflicto fronterizo entre ambos países.
A raíz de esto y sobre la base de una investigación periodística, en marzo de 1995, el abogado Ricardo Monner Sans realizó una denuncia penal en la justicia federal por el supuesto contrabando de armas a Croacia y Ecuador, dando origen a tres causas que luego serían unificadas por la Corte Suprema de Justicia. Justo cuando ese proceso judicial comenzaba a dar sus primeros pasos, en noviembre de 1995, se produjeron los estallidos en Río Tercero.
La explosión en la Fábrica Militar dio origen a otra investigación judicial, a cargo del Juzgado Federal de Río Cuarto, que se extendió durante dieciséis años (1995-2011) y fue conducida por cinco magistrados. En 2012 se cerró la investigación con cuatro acusados (ingenieros militares retirados) por estrago doloso agravado por ocasionar muertes. El juicio comenzó en agosto de 2014 ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba y el 23 de diciembre de ese año dictó sentencia. Estableció que las explosiones habían sido causadas intencionalmente y condenó a los cuatro acusados; tres de ellos con 13 años de prisión y al restante con 10 años. Los fundamentos del fallo se difundieron el 27 de febrero de 2015 y sostenían, entre otras cosas, que el hecho consistió en “…haber provocado de manera intencional, programada y organizada el incendio de un tambor, ubicado bajo el tinglado de la Planta de Carga, que contenía mazarota de trotyl o trotyl de descarga…incendio que luego de haber tomado al resto de los tambores del lugar, fuera seguido de dos explosiones en el mismo tinglado”. Que “habiendo transcurrido unos minutos y con idéntica modalidad (intencional, programada y organizada)…se provocó otra explosión en los depósitos de Expedición y Suministro”. Y que “todo ello se habría efectuado con el objeto de ocultar un faltante de proyectiles, municiones y/o explosivos”.
El fallo, en su momento, había sido apelado y el 19 de diciembre de 2017 la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia. Por su parte, en mayo de 2018, la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió que Carlos Menem siguiera procesado por la explosión de Río Tercero. Esta decisión abrió el camino a un nuevo juicio, complementario al realizado en 2014, cuyo inicio está previsto para febrero de 2021, ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba y con el expresidente como único acusado.
En lo que respecta a la causa por el supuesto contrabando de armas a Croacia y Ecuador, el proceso atravesó por diferentes instancias, marchas y contramarchas judiciales, hasta que el 4 de octubre de 2018, a 23 años de iniciado, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal decidió absolver a todos los acusados debido a que no se había cumplido el “principio del plazo razonable” para arribar a una condena firme.
El hecho ocurrido hace casi 25 años en Río Tercero trascendió en el tiempo y aún hoy vive en la memoria colectiva de una gran parte de la sociedad, así como la sensación que nunca se terminó de hacer justicia.