– A esta altura, ¿cree que va a prosperar la causa?
– Me llama la atención que no avance la causa. Hay 3.600 millones de pesos que se calcula que el Estado perdió durante 11 años sin llamar a licitación y pagando sobreprecios por los seguros de la ART. Evidentemente hay funcionarios que tienen algún grado de involucramiento, no con el delito, sino con los hechos que se investigan, que saben las cosas y que los sanjuaninos merecen escucharlas. Cuando pedimos que se haga parte querellante Fiscalía de Estado, el argumento de su titular, Jorge Alvo, en algunas declaraciones, fue que el fiscal (Daniel) Galvani no habría confeccionado la requisitoria ajustada a derecho.
– Pero Fiscalía de Estado tiene tiempo para hacerse parte hasta el mismo procesamiento, si es que lo hubiera. No es una ilegalidad su actuación…
– No lo sé, está en el borde. No sé si es realmente cumplir fielmente con los deberes de funcionario público ante una noticia de un presunto hecho ilícito no acudir en defensa del erario público.
– ¿Qué pasa si después la Justicia determina que no ocurrió nada?
– No interesa. Él lo primero que tiene que hacer es hacerse parte querellante, impulsar la causa, aportar pruebas. En realidad, quien reúne en sus manos la mayor cantidad de elementos de pruebas es el propio Gobierno.
– ¿Evalúan actuar contra el fiscal de Estado?
– Está en estudio una denuncia al fiscal de Estado. Creo que hay un grave incumplimiento de los deberes de funcionario público porque no es una buena demostración dejar pasar el tiempo ante una noticia criminal con elementos que están dentro de su órbita. Él tiene la facultad de hacerse parte querellante hasta cierta etapa, pero a la vez le recae la obligación de custodiar el patrimonio público.
– ¿Por qué no avanza el juez Pablo Flores? ¿Considera que está devolviendo un favor?
– La mayoría de los jueces que están hoy a cargo de juzgados civiles o penales fueron designados por José Luis Gioja. Los jueces en realidad ven al poder político que los puede remover, no quién los designó. Creo que lo que está haciendo Flores es mirar para ver a quién tiene atrás en términos de quién impulsa la acción, es decir, ver si Fiscalía de Estado se hace parte querellante.
– ¿Piensa que en los contratos alguien se quedó con la plata?
– En la gestión pasada se dejó sin efecto un proceso licitatorio, se pagó un sobreprecio y hay una empresa, el IAPSER, que ni siquiera lo recibió. Entonces, es el juez el que tiene que determinar a dónde fue a parar la plata.