"Nos pagan para dictar sentencias y no para hacer amigos", disparó Horacio Rossatti ayer en varias entrevistas. Asimismo hizo fuertes críticas al sistema y resaltó que "hay que trabajar para tener calidad y celeridad" en la Justicia.

 

Después de la inesperada salida de Hernán Lorenzetti de la presidencia de la Corte Suprema, que jugó fuerte y adelantó las elecciones seguro que sería reelecto, pero que finalmente perdió la votación, la interna volvió a tomar vuelo en el Máximo Tribunal de Justicia. Ahora la demora en tratar casos clave cuyos fallos tendrán alto impacto en la agenda económica y política vuelve a dividir aguas entre los jueces. De un lado, se encuentran el tándem Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rozatti, del otro, en inferioridad, el flamante presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Nora Highton de Nolasco.

Ante la dilación de algunas causas pendientes, en la última reunión de acuerdo, los ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosatti le plantearon al Presidente del Tribunal, Carlos Rosenkrantz, que se establezca una agenda de temas que deberían resolverse antes de fin de año. Además se manifestaron a favor de establecer un cronograma con las fechas en que van a salir los fallos de esos expedientes -cuya resolución es relevante para la vida social e institucional del país- y que sea pública. Según algunas fuentes judiciales, Rosenkrantz no quiere saber nada con la idea de difundir esa agenda. 

Los casos propuestos por Lorenzetti, Maqueda y Rosatti son cuatro: el reclamo de Lucio Orlando Blanco, quien se jubiló en 2003 con un haber inferior a la mitad del sueldo promedio. La Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, con los votos de los jueces Nora Carmen Dorado y Luis Herrero, le dio la razón a Blanco quien debería cobrar una jubilación superior en un 31% a la que le ofrece la Anses con la Reparación Histórica.

Este medio anticipó que el caso cuenta con los votos favorables de los ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosatti. Este fallo, si bien es aplicable sólo a Blanco, tendría impacto en más de 150 mil juicios que aún no tienen sentencia firme por las apelaciones interpuestas por Anses. Ese expediente está demorado en la vocalía de Rosenkrantz.

Otro de los casos a incluir en la agenda para resolver antes de fin de año es la aplicación del polémico 2×1 a quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Cuando en la última reunión de acuerdo Lorenzetti, Maqueda y Rosatti plantearon incluir este tema, Rosenkrantz primero se opuso y luego propuso que se cambie la causa que ya se venía analizando y que el fallo se trate en la última reunión de 2018.

Frente a lo que se vislumbraba como una maniobra dilatoria, los tres ministros impusieron su postura de elegir a la brevedad la causa a resolver y que no se trate en la última reunión de acuerdo. Esto, para evitar que Rosenkrantz o Highton se ausenten y se frustre el tratamiento del tema. La causa que ya está circulando por las vocalías es la del represor José Tadeo Luis Bettoli, condenado por el delito de tormento agravado cometido durante la última dictadura militar. El Presidente del Máximo Tribunal fallaría a favor de beneficiar con el 2×1 a represores.

El tercer tema es la causa iniciada por la Asociación de Magistrados en la que la Justicia hizo lugar al pedido de una medida cautelar para que no estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias quienes sean designados jueces a partir del 1 de enero de 2017, pero que se vengan desempeñando como funcionarios judiciales antes de esa fecha.

Por último, el cuarto punto de la agenda propuesta por Lorenzetti, Maqueda y Rosatti es la definición acerca de la validez o no de la ley de lemas en la provincia de Santa Cruz. Gracias a esta norma, en la última elección Alicia Kirchner fue elegida gobernadora pese a que el ahora senador de Cambiemos, Eduardo Costa, fue el candidato más votado.

En la reunión de acuerdo del próximo martes, los ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosatti insistirán para que el presidente de la Corte fije esta agenda de casos a resolver antes de que termine el año.

Pero a la agenda propuesta por los jueces "opositores" a la gestión de Rosenkrantz dejó afuera otra caso de alto impacto para el Gobierno: si es constitucional o no la ley de movilidad jubilatoria aprobada en diciembre de 2017 en medio de violentas protestas.