A un año y cinco meses de la denuncia en su contra, la abogada que integraba Fiscalía de Estado, Dora Zulema Monasterio, fue indagada ayer en el Quinto Juzgado de Instrucción. La imputación que pesa contra la profesional es por fraude contra las arcas públicas al no devolver más de mil expedientes de ejecuciones fiscales, que, según cálculos oficiales, representan un perjuicio para el Estado de 1,5 millones de pesos sin intereses. No obstante, la mujer se abstuvo de declarar, informaron fuentes judiciales.
Monasterio trabajaba en el área de Fiscalía de Estado que tramita los juicios ejecutivos para el cobro de créditos fiscales y se jubiló en octubre de 2013. Al retirarse, se llevó más de mil expedientes y de acuerdo a un análisis que realizó el equipo del organismo que defiende el patrimonio provincial, 855 causas habían prescripto, por lo que el Estado perdió la posibilidad de cobrar 1,5 millones de pesos sin intereses. En una ampliación de denuncia, se incorporó la desaparición de otros 300 expedientes, en los que se debe establecer si también representan un perjuicio monetario para la provincia. Por eso, la acusación contra la mujer fue por retención indebida de documentos y fraude en perjuicio de las arcas públicas.