Antes de iniciar el juicio que lo tiene en la mira por pedido y cobro de coimas, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y fraude; el extitular del PAMI Jorge Clavel le solicitará al Tribunal Oral Federal (TOF) acceder a la suspensión de juicio a prueba (probation). El planteo, que busca evitar el enjuiciamiento a cambio de realizar tareas comunitarias y pagar un monto en concepto de resarcimiento por el daño ocasionado, abrirá el debate sobre si corresponde o no otorgar ese beneficio a un exfuncionario que ha sido imputado por haber cometido un delito en el ejercicio de sus tareas.
La movida defensiva fue confirmada por el abogado de Clavel, Fernando Castro, quien indicó que hará la presentación antes de que inicie el proceso final, el cual está previsto para el martes en la mañana. Fuentes oficiales indicaron que, si bien se trata de una jugada difícil, ya que el Código Procesal Penal Federal no contempla la probation para los funcionarios públicos, el pedido será analizado por el fiscal Francisco Maldonado y por los jueces del tribunal Daniel Doffo, Eliana Rattá y el mendocino Héctor Cortez. Según indicó Castro, el pedido se centrará en explicar que, entre otros puntos, Clavel dejó su puesto en el PAMI y no volvió a tener un cargo público. El imputado está en la mira por delitos cometidos cuando era titular de la obra social de los jubilados, aunque el hecho en cuestión fue denunciado a fines de 2010, cuando había dejado el cargo en agosto de ese año. Además, a pedido del juez federal Leopoldo Rago Gallo, recién fue detenido en 2014, varios años después de haber ocupado la dirección en el PAMI.
Por otro lado, nunca más volvió a ocupar un puesto público, ya sea en la administración nacional como en la local. Fuentes calificadas indicaron que, si bien el pedido de probation será analizado por el fiscal y los jueces, se trata de un planteo que no cuadraría en lo que contempla el Código Penal vigente y que tiene restricciones en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que fue aprobado en 2019 y que tiene algunos puntos en funcionamiento. En la primera de las normas, el artículo 76 bis indica que “no procederá la suspensión del juicio cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito”. En el caso del nuevo código de procedimiento, el artículo 30, que establece en qué momento el fiscal puede disponer de la acción penal y conceder la suspensión de juicio a prueba, fija que el fiscal “no puede prescindir ni total ni parcialmente del ejercicio de la acción penal si el imputado fuera funcionario público y se le atribuyera un delito cometido en el ejercicio de su cargo”. En el caso de Clavel, son varios los hechos por los que fue investigado y procesado (Ver recuadro). Incluso, también fue procesado el contador Leonardo Fabián Paez, quien reconoció el delito y aceptó una condena de dos años de prisión en suspenso, la inhabilitación especial perpetua para ocupar un cargo público y el pago de una multa de 10 mil pesos. No es la primera vez que Clavel intenta zafar del juicio. En marzo había pedido el sobreseimiento de la causa por el paso del tiempo. El planteo no tuvo eco, ya que Maldonado lo rechazó al sostener que el acusado no reflexionó “en cuanto a la relativa complejidad que reviste” la causa. Los jueces también se lo denegaron al indicar que existieron procesos que interrumpieron la prescripción, como otra denuncia en 2013, que existió un procesamiento en 2014, que hubo una nueva denuncia en 2015, nuevos llamados a indagatorias y pedidos de elevación a juicio en 2016 y 2017.
Los hechos
Bajo el mandato de Clavel se contrató una empresa para que cambiara las instalaciones eléctricas de la sede central de PAMI, ubicada en Córdoba y Mendoza, y de la delegación de Rawson. De acuerdo al expediente, el proveedor dejó las cosas a medio hacer y lo mismo le pagaron. Es decir, habrían desembolsado dinero del organismo por trabajos que nunca se terminaron de realizar. Además, hubo una polémica contratación para desinfectar el edificio principal del organismo y el anexo que está enfrente. La acusación señala que hubo intención de favorecer a la empresa DITSA SA que se presentó en el concurso para quedarse con el trabajo. También surgió un polémico alquiler de una casa, dispuesto por Clavel. El PAMI pagaba 7.500 pesos cuando, a criterio de dos especialistas, costaba mucho menos.
Pena
De acuerdo al Código Penal, el delito contra la administración pública se castiga con prisión de seis meses a dos años si el culpable es un funcionario público. Al ser un delito con una pena menor a tres años, es excarcelable, por lo que el castigo se cumple en libertad.