El entonces director del Departamento de Hidráulica, Jorge Millón, había retirado en 2013 el expediente principal y documentación de la expropiación del terreno en el que el Estado construyó la llamada batería de pozos de Zonda y no hay constancias que haya devuelto nada. ¿Qué información había en los papeles? Esencialmente, la confirmación de que la provincia había pagado casi 19 millones de pesos en 1978 por el inmueble. Así, ¿qué estuvo a punto de provocar tal extravío? Que el Gobierno hiciera otro desembolso, esta vez, de poco más de 16 millones de pesos, en un nuevo proceso que impulsaron los herederos del propietario de las tierras. La movida se frenó porque en reparticiones oficiales hallaron documentación vinculada al caso que corroboró que se había cancelado todo desde un principio. Tal situación desencadenó una investigación interna en Hidráulica, la cual está por tener un dictamen legal sobre la "desaparición" del expediente, en la que Millón está en la mira, según se desprende de los movimientos, revelaron fuentes calificadas.
La polémica había estallado a mediados de julio cuando había trascendido la suspensión en sede judicial del nuevo pago por el inmueble. A través de las fuentes ahora salió a la luz la llamativa maniobra del exdirector de Hidráulica, quien se había desempeñado hasta diciembre de 2015. Aunque con otros actores y contexto, la maniobra hace recordar al escándalo de las expropiaciones. Esa megacausa, que está por ventilarse en un juicio, comprende a un grupo de abogados, exjueces y exfuncionarios que habrían actuado en una asociación ilícita para inflar los terrenos que el Estado expropiaba para quedarse con sumas millonarias de las arcas públicas.
En este caso, todo se desencadenó cuando en julio de 2013, Jorge, Eduardo y María Elena Bianchi (herederos de Luis Roberto Bianchi, de quien había sido el inmueble) presentaron una nota ante Hidráulica para conocer el estado del terreno. Luego de un pronto despacho, el propio Millón contestó en marzo de 2014 que habían sido expropiadas para conformar con otras parcelas la batería de pozos de Zonda y que habían pasado a formar parte del Parque Sarmiento. Tras ese primer movimiento, los herederos buscaron el patrocinio del abogado Guillermo Toranzo, quien en junio de 2014 se dirigió al Segundo Juzgado de Familia, a cargo de Gustavo Almirón, y pidió la búsqueda del expediente judicial de expropiación y, en el caso de que no se encontrase, ordenase su reconstrucción. El juez le pidió informes al exdirector de Hidráulica, quien informó que no había registro de tal expediente. Además, no aparecieron otros documentos como trámites del juicio y los pagos. Así, todo hacía indicar que no había ninguna constancia que acreditara el desembolso por el terreno, por lo que en marzo de 2017 el juez resolvió la imposibilidad de reconstruir el expediente.
Tras esa situación y el reclamo de los herederos, en Fiscalía de Estado encararon en marzo de este año la expropiación y se llegó a un acuerdo por 16.261.700 pesos por dos terrenos de 72 hectáreas en total. La provincia giró los fondos, pero en mayo desde Fiscalía le pidieron a la jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, que suspendiera el desembolso. La magistrada le hizo lugar al planteo, aunque aún no planeaba liberarlos porque faltaba documentación oficial. ¿Qué había pasado? Apareció información que daba cuenta que Millón había retirado en agosto de 2013 el expediente originario de expropiación, indicaron las fuentes, es decir, luego de la primera averiguación de los Bianchi en Hidráulica. Además, el Banco San Juan aportó copias de los cheques por 18,7 millones de pesos y en el archivo de Tribunales se encontró la sentencia expropiatoria.
Primer desembolso
18,7 Son los millones de pesos que la provincia pagó en 1978 por el terreno en Zonda, en el que se construyó la batería de pozos.
MÁS DETALLES
Herederos
Según las fuentes, los herederos de Bianchi habrían planteado ante los abogados de Fiscalía de Estado la posibilidad de desistir del cobro de la nueva expropiación. En el organismo que defiende el patrimonio local quieren que quede por escrito en el Juzgado.
Planteo
Luego de que se depositara el dinero, las fuentes indicaron que los Bianchi plantearon el inmediato desembolso. Tettamanti no les hizo lugar, ya que faltaba la homologación del acuerdo y el decreto del Gobernador. Luego apareció la información.
Dinero
La jueza Adriana Tettamanti depositó los 16.261.700 en un plazo fijo para que la plata no pierda su valor. Los abogados de Fiscalía de Estado pedirían que los fondos sean reintegrados a la cuenta de la provincia tras la polémica causa.
Inscripción
El problema se generó porque, a pesar de la existencia de todo el trámite expropiatorio, la provincia en su momento no inscribió el terreno a su nombre para que quedara como dominio público. Sin embargo, hay constancias del pago.