El exintendente de Rivadavia y actual director de Defensa al Consumidor, Elías Álvarez, no se anduvo con vueltas y trató de "mentirosos" y "vivos" a los representantes del gremio Foeva, Alejandro y Blasco Alberto Novaro, abogado y secretario de Finanzas respectivamente. Estos habían manifestado que en 2008 le ofrecieron al entonces jefe comunal la plaza de 3.261 metros cuadrados del Barrio Foeva, pero que este la rechazó porque el terreno registraba deudas. Álvarez explicó que utilizan ese argumento falaz para tratar de eludir la responsabilidad de haberle entregado ese inmueble a un particular como forma de pago, cuando en realidad no lo podían transferir porque estaba reservado para ser de dominio público.
Esa es la postura que tiene la gestión uñaquista y no sólo por esa plaza sino por otra que está en el mismo barrio, de 1.600 metros cuadrados. Como ambos terrenos debían pasar a manos del Estado, en ese caso, al municipio de Rivadavia, y terminaron en poder de privados, desde el Ejecutivo provincial adelantaron que denunciarán una de las posibles modalidades de estafa: el desbaratamiento de derechos acordados. El ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, reiteró que avanzarán con la presentación, ya que "esos terrenos están reservados para la comuna, ya sea para construir una escuela, un puesto policial. En definitiva, forman parte del equipamiento del barrio, que son los espacios que debe tener para dominio público".
De acuerdo a una resolución de 2008 de Foeva nacional, Blasco Novaro fue el encargado de llevar adelante los trámites para donar el terreno de 3.261 metros cuadrados: una pequeña parte a un centro de jubilados y el resto, al municipio. La gestión sólo se concretó en el primer caso y el secretario de Finanzas de la entidad había explicado que se lo ofrecieron por escrito al entonces intendente Álvarez, pero que nunca contestó las notas. El sindicalista además señaló que el exjefe comunal les dijo en una reunión que no aceptaba el inmueble porque registraba deudas. Y dicho testimonio fue avalado por su hijo Alejandro, representante legal del gremio.
Trascendió que el dueño de una plaza pide 12 millones de pesos por la expropiación.
El actual titular de Defensa al Consumidor resaltó que "es mentira que nos hayan enviado notas y que desde el municipio contestáramos que no aceptábamos el terreno". Además, desafió a los miembros de Foeva a que "muestren las notas que enviaron y si las tienen, el mentiroso seré yo". Aunque también dejó bien en claro un punto, dado que mostró su desconfianza hacia los Novaro. "Que den a conocer los escritos recibidos por la mesa de entradas del municipio, con sello, como corresponde sino que se hagan cargo de que son unos mentirosos. Es que ahora pueden hacer una nota con fecha de aquel momento", remarcó. Y agregó que sí tuvo una reunión durante su gestión con gente del gremio, pero para hablar de la escrituración de los terrenos para el centro de jubilados y la unión vecinal, cuyos representantes estuvieron presentes.
Alejandro Novaro le había manifestado a este medio que, por la documentación que tenía en su poder, entendía que los inmuebles eran de Foeva, por lo que podían disponer de ellos. No obstante, indicó que si la postura es la que sostiene el Gobierno, tan solo hubo un error, que el gremio no actuó de mala fe y que la Justicia deberá determinar si corresponde una sanción penal. El sindicato entregó ambas plazas a una mujer en concepto de pagos por servicios y esta a su vez los vendió a privados. Uno de ellos inclusive cerró el predio.
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Publicado por Diario de Cuyo en martes, 10 de abril de 2018