En los dos últimos meses se dio una seguidilla de casos de abuso sexual infantil que conmocionó a la comunidad por involucrar hasta a miembros de la Iglesia. Esta situación motivó que seis especialistas se reunieran a debatir sobre el tema. En una de las ya tradicionales mesas redondas convocadas por DIARIO DE CUYO, representantes del ámbito gubernamental, judicial, educativo y de la salud hablaron sobre diferentes aspectos de esta problemática y, pese a algunas diferencias, coincidieron en que hace falta más compromiso y menos miedo para darle batalla. Y que esto no sólo compete a la comunidad, sino también a los diferentes actores que intervienen en la contención y resolución de los casos. También consideraron necesario contar con estadísticas unificadas para tener un panorama real sobre esta situación en la provincia y poder encarar políticas de prevención e intervención más efectivas. En este marco se dio a conocer que se está trabajando en la confección de un protocolo de intervención único y común a todas las instituciones. Otro avance, es la modificación del artículo 72 del Código Penal, estableciendo que ahora los delitos de abuso a menores son de instancia pública. Es decir, que cualquier persona puede denunciarlos y el Estado los puede investigar sin que los padres ratifiquen la denuncia. Del encuentro participaron Marcelo Bartolomé, director de Niñez, Adolescencia y Familia; Patricia Sirera, asesora de menores; Silvia Pugliese, psicóloga y excoordinadora del Comité de Maltrato Infanto-Juvenil del Hospital Rawson; Gabriel Martínez, psicólogo especialista en redes sociales; Paula Ferrer, del Gabinete Técnico del Ministerio de Educación; y Josefina Guerrero, directora de la Escuela Bernardino Rivadavia, de nivel primario y gestión estatal.
La charla no sólo tuvo como eje la conmoción que generaron los últimos casos de abuso a menores. El debate fue mucho más allá y hasta se discutió sobre el compromiso de todas las partes tanto en la prevención como en el tratamiento de esta problemática. "La escuela es uno de los lugares donde se recepcionan los casos de abuso infantil y el docente es el primero que tiene acceso al relato del chico. Pero muchos no lo comunican para que se intervenga. Hay docentes que tienen miedo a la represalia de los familiares de la víctima o que lo citen como testigo y verse involucrado en un caso judicial, entonces prefiere no inmiscuirse. Desde el Gabinete estamos trabajando mucho con los docentes en la capacitación de qué hacer en estas circunstancia", dijo Paula Ferrer, del Ministerio de Educación.
Por su parte, Josefina Guerrero, de la Escuela Rivadavia, fue contundente con su postura. Sostuvo
que los docentes tienen la obligación ética, moral y legal de denunciar estos casos. Pero, que todo depende de las "cabezas" de las instituciones. "Si yo como directivo no apoyo al docente que me informa sobre un posible caso de abuso infantil de un alumno, seguramente va a desistir de involucrase. Lo mismo le pasaría a los directivos si es el Ministerio quien no da su apoyo en estas circunstancias. Creo que tenemos que dejar de lado los temores y no perder de vista lo verdaderamente importante, que es la asistencia y protección de los chicos. Tenemos que mostrarles que estamos preocupados por lo que les está pasando y dispuestos a protegerlos", dijo la docente.
Marcelo Bartolomé, de Niñez, dijo que lo primero que se debe hacer, desde los diferentes ámbitos, es asumir que esta problemática existe y que lamentablemente seguirá existiendo. Agregó que a partir de esto se debe trabajar para diseñar políticas públicas que pongan énfasis en la prevención, pero que para eso se necesita también el compromiso de todos. "Desde el Estado se está haciendo un trabajo importante en la intervención y contención de los casos, pero aún nos falta contar con estadísticas unificadas que nos permitan conocer con más precisión la realidad de esta situación en la provincia. Ahora estamos trabajando en la confección de un protocolo de intervención unificado para toda la provincia, de modo que todos tengamos definido cómo actuar ante estas situaciones", dijo el funcionario.
Para Silvia Pugliese lo primordial para darle batalla al abuso infantil es creer en el testimonio del niño y poner en práctica acciones fundamentales para que logre superar esta situación traumática y crezca sintiendo que al abuso al que fue sometido fue un hecho en su vida y no que es su vida. "Una vez en el Hospital, una nena de 3 años me contó sobre el abuso que sufrió por parte de su padre. Luego tuvo que contárselo a otra especialista y volver a contarlo en el Anivi. Mostrándome tres deditos me dijo ¿tres veces lo tengo que contar? Esas situaciones son las más difíciles de superar. Si la contención del niño no va acompañada con el proceso judicial donde vea que su abusador fue sancionado por lo que hizo, la criatura se siente defraudada y piensa que el juez no le creyó. Esto también le provoca un gran daño".
La especialista sostuvo que para evitar esto se deben dar los tres pilares fundamentales en estas situaciones: que el menor sea escuchado y contenido, que reciba psicoterapia y que su abusador sea sancionado.
Por su lado, Patricia Sirera, la asesora de menores, dijo no estar del todo de acuerdo con Pugliese. Sostuvo que no coincide en que lo más importante sea "la persecución penal y el resultado contra el autor del abuso", ya que muchas causas no prosperan. "Me encantaría que la Justicia siempre pudiera encontrar las pruebas para condenar a todo abusador, pero no siempre sucede. Independientemente de esto, hay que ver qué sucede con ese chico y con su entorno durante el desarrollo del proceso. Me ha tocado escuchar a mamás que acompañan a sus hijos abusados y que mientras esperan a ser atendidos por los especialistas en el Anivi le dicen: "Viste, por tu culpa tu padre está preso y ahora no sé qué vamos a comer". El caso es que muchos de los abusadores son el sostén de sus casas y el Estado tiene que tener en cuenta esta situación y asistir a esta familia para que la víctima no cargue encima con el sentimiento de culpa", dijo Sirera.
En tanto, Gabriel Martínez, psicólogo, sostuvo que todo el compromiso debe estar apuntado a prestarle más atención a los chicos y a su pedido de ayuda. Dijo que muchos casos de abuso se tapan y se descubren recién cuando la víctima llega a la adolescencia con conductas que atentan contra su salud y su vida. "Hubo casos de adolescentes que se suicidaron y que después de investigar se descubrió que fueron abusados en su niñez. Hay niños que hablan una sola vez del abuso al que fueron sometidos y nunca más vuelven a hacerlo. Pero no sólo con palabras pueden revelar que son víctimas de este flagelo, sino también con determinadas conductas como perder el apetito, bajar el rendimiento escolar o jugar a juegos violentos. Tenemos que estar atentos a esto y buscar ayuda. Hay que ser realistas. Los niños son nuestra única esperanza y si no aprendemos o no nos interesa interpretar sus pedidos de ayuda, todo lo demás será en vano", concluyó Martínez.
Pros y contras de las redes sociales
Otro de los temas que los especialistas tocaron en la mesa redonda fue el papel que juegan las redes sociales en los casos de abuso a menores. Tanto Gabriel Martínez como Silvia Pugliese, psicólogos, dijeron que la exposición de los menores en las redes "potencia su vulnerabilidad" y hasta se transforman en un ámbito donde se realizan falsas denuncias que se viralizan rápidamente. También las redes prolongan indefinidamente la revictimización de los menores, no sólo exponiendo públicamente sus casos, sino también los comentarios "dañinos" que se ponen en la página. "La viralización de estos casos y los daños que ocasionan en las redes sociales es algo que no se puede controlar. A través de ellas se hace el llamado escrache de alguien sin saber siquiera de quién se trata o cómo se lo perjudica", dijo Martínez.
Patricia Sirera, asesora de menores, dijo que ahora la Justicia tiene herramientas para hackear estas páginas y frenar la viralización, sobre todo los sitios donde se difunden datos personales tanto de la víctima como del victimario. "Todo tiene que tener un límite, no se puede publicar lo que sea sin tener en cuenta las consecuencias. Esto también es un ejercicio que hay que realizar", dijo Sirera.
De todos modos, los especialistas también resaltaron lo positivo de las redes sociales en los casos de abuso a menores. Dijeron que las nuevas tecnologías permiten descubrir más rápidamente los casos y hasta aportar pruebas fundamentales. En este aspecto, la asesora legal explicó que las fotos o audios que se toman con el celular y que se difunden a través de las redes sociales se pueden tomar como una prueba durante el desarrollo del proceso judicial, pero que son sólo eso, una prueba que va acompañada de otras.
Casos conmocionantes
En el ámbito escolar
El mes pasado, un portero de turno mañana de una escuela secundaria de La Bebida, en Rivadavia, quedó en la mira de una investigación penal que lo tiene como principal sospechoso de una situación gravísima: haber violado por lo menos dos veces a una alumna de 14 años en el interior del propio edificio escolar, dijeron fuentes ligadas a la causa. Eso es lo que denunciaron en el Anivi el último lunes los padres de la jovencita. Tras la denuncia, se determinó que la menor está embarazada de 6 meses, según informó el fiscal que investiga la causa, Daniel Galvani. La alumna cursa la semana 27 de gestación y por ese motivo no podría practicarse un aborto.
Abuso y acoso en las redes
Jorge Cruceño, profesor de Educación Física y preceptor en un colegio de gestión privada, en Concepción, fue denunciado por una alumna de esa institución quien lo acusó de presunto abuso y acoso sexual. A raíz de esta denuncia, el padrastro de la menor atacó a golpes al docente, provocándole un gran corte en el pómulo izquierdo y otras lesiones. El video de esa agresión se hizo viral y derivó en una denuncia contra el agresor. A través de su abogada, el docente dijo que era inocente, pero luego se divulgaron los mensajes que le enviaba a la menor y que lo dejó más complicado. Podría ser indagado por el presunto acoso sexual por redes sociales (grooming).
En el ámbito eclesiástico
A fines de agosto, el sacerdote Walter Bustos fue denunciado por el supuesto abuso de su sobrino de 15 años, hijo de su hermana. El denunciante fue el cuñado del cura. El menor reveló con detalles, ante psicólogos y autoridades judiciales, los sucesivos episodios de abuso sexual que, sin llegar a la violación, protagonizó entre los 9 y los 13 años a manos del sacerdote. Bustos era párroco en Angaco, con un marcado perfil de acercamiento a los jóvenes, pero fue apartado de toda función pastoral apenas se conoció la denuncia. El arzobispo, Jorge Lozano, dijo que por primera vez separó de su cargo a un sacerdote acusado de abuso sexual infantil. Dijo que se actuó según las leyes católicas.