La normativa indicaba que, para tasar un inmueble que va a ser expropiado por el Estado, se debe tener en cuenta la fecha de desposesión material, es decir, cuando el dueño deja su propiedad a cambio de una indemnización. Y esto se comprueba con la llamada acta de toma de posesión. En los terrenos que se expropiaron para la construcción del dique Cuesta del Viento, en Iglesia, dichas actas no se encontraban en los ocho expedientes que tramitó el abogado Santiago Graffigna, por lo que había pedido que fuesen valuados por el Tribunal de Tasaciones a los montos de la presentación de la demanda, más intereses a la fecha en la que los propietarios fueron notificados de la afectación de sus parcelas al proceso expropiatorio. Para Fiscalía y la querella, representada por Fiscalía de Estado, a cargo de Jorge Alvo, se trata de una forma de repotenciar los precios, a costa de las arcas oficiales. En el juicio por la megacausa de las expropiaciones, declaró ayer un oficial de Justicia que reveló que hizo las actas de toma de posesión, por lo que la querella afirmó que "quedó claro" que "fueron retiradas" por ciertos imputados bajo la maniobra ideada por Graffigna.
En la megacausa se está juzgando a abogados, un exjuez y exfuncionarios bajo la sospecha de integrar una asociación delictiva que se dedicaba a inflar el valor de los inmuebles que expropiaba el Estado, con el fin de quedarse con millones de pesos de las cuentas públicas.
Entre las causas que están bajo la lupa se encuentran los terrenos del dique Cuesta del Viento. Nelson Poblete, oficial de Justicia del Juzgado de Paz de Iglesia, manifestó ayer que realizó todas las actas de toma de posesión de las parcelas por parte del Estado y que todos los expedientes (con dichas actas incluidas) fueron retirados por Norberto Baistrocchi (el fallecido exempleado de Fiscalía de Estado) y Néstor Adán Ruiz, ex secretario de Recursos Hídricos, otro de los imputados, señaló el querellante Rubén Pontoriero. Además, agregó que las actas de toma de posesión de los inmuebles, que fueron de 1994 a 1997, se encontraban en una carpeta bajo el control de Recursos Hídricos y en el estudio particular de Baistrocchi, quien fue cesanteado de Fiscalía de Estado. De ahí la sospecha que habrían sido los que retiraron dicho documento clave.
¿De qué servía desaparecer u ocultar las actas de toma de posesión? Pontoriero resaltó que, sin esa constancia, Graffigna (quien está acusado de ser el jefe de la asociación ilícita), solicitó al Tribunal de Tasaciones que cotizara las propiedades a valores actuales, es decir, al momento de la presentación de las demandas, que se dieron del 2006 al 2009. Ahí hay una diferencia de costos sustancial, ya que la posesión del Estado se dio de 1994 a 1997. No sólo eso, sino que el querellante remarcó que el principal imputado en la megacausa reclamaba la aplicación de intereses desde la notificación del decreto de afectación para expropiación de los inmuebles, lo que fue desde 1985 a 1987. "Esto era a los efectos de potenciar las indemnizaciones", indicó Pontoriero.
Y la lupa está puesta también en los miembros del Tribunal de Tasaciones, ya que la querella sostiene que "hay constancias en el expediente que el organismo sabía que las actas de toma de posesión estaban en la Secretaría de Recursos Hídricos. Pidieron dos expedientes, uno lo tasaron a la fecha de toma de posesión y, en el otro, a valores actuales. En el resto, ‘se olvidaron". El ejemplo que dieron fue de dos inmuebles de ocho hectáreas que alcanzó un total de 8 millones de pesos.
Expedientes
Además de los terrenos por el dique Cuesta del Viento, se encuentran causas como la expropiación del Parque de Mayo, el llamado Canal Playas (Benavídez), la porción de una vereda denominada "Ruiz, Guillermo", entre algunos de los expedientes.
Montos
La denuncia por la megacausa se radicó en 2011 y, a esa fecha, el Estado había pagado 42 millones de pesos en concepto de expropiaciones. A través de una medida cautelar, se frenó el desembolso de poco más de 1.600 millones de pesos en otros expedientes.
Tribunal
El Tribunal está integrado por la jueza Silvina Rosso y sus colegas Matías Parrón y Martín Heredia. Su conformación se dio luego de inhibiciones de magistrados, algunos por amistad con imputados y, otros, por la intervención en distintas etapas del proceso.
> IMPUTADOS
Además de Santiago Graffigna, están acusados los ex miembros del Tribunal de Tasaciones: Julio Fernández, José Moreno, Adolfo Cravero, Eduardo Olivera. También está en la mira el exsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Ruiz, los peritos Víctor Bustos y Juan Pablo Quiroga (que trabajaron para Graffigna), el ex juez civil Carlos Macchi, el abogado Horacio Alday, el ex fiscal de Estado, Mario Díaz, y la perito de Fiscalía de Estado, Ana María Melvin.
A su vez, el perito Fernando Videla y el ex integrante del Tribunal de Tasaciones, Pedro Bazzani, tienen el juicio suspendido por haber presentado problemas de salud. El juicio lleva cinco meses y está previsto el testimonio de 60 personas en total, lo que ha llevado a que se calcule que el debate se extenderá hasta fin de año. El proceso ya es el más largo que se ha efectuado en la Justicia provincial. Los alegatos y el veredicto se prevén para el año que viene.