El gobierno nacional oficializó la extensión hasta fin de año de la doble indemnización para los despidos sin causa, una medida que ya había sido tomada pocos días después de la asunción del presidente Alberto Fernández para prevenir la pérdida de puestos laborales en el marco de la emergencia ocupacional, y que vencía el próximo 13 de junio.
La nueva prórroga regirá hasta el 10 de diciembre y será aplicable en los casos en que el trabajador o trabajadora sea despedido sin causa justa, situación que se agravó en los últimos tres meses con la paralización de la gran mayoría de las actividades económicas por las medidas de aislamiento social impuestas para enfrentar la pandemia de coronavirus.
"Amplíase por el plazo de 180 días a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, la emergencia pública en materia ocupacional declarada por el Decreto N° 34 del 13 de diciembre de 2019, y en consecuencia durante la vigencia del presente decreto, en caso de despido sin justa causa, la trabajadora afectada o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente", señala el DNU firmado por Fernández y publicado hoy en el Boletín Oficial.
Asimismo, la norma señala que la doble indemnización "no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N° 34/19 (13 de diciembre de 2019) ni al Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades que lo integran".
La extensión de la doble indemnización era uno de los principales reclamos de la CGT, aunque dicha medida era resistida entre los empresarios, especialmente en la Unión Industrial Argentina (UIA) y algunas cámaras que agrupan a las pymes, por su efecto contraindicado en la mayoría de las empresas que están siendo afectadas por la pandemia.
Según el Ejecutivo, esta medida de carácter "transitoria, proporcionada y razonable" tiene por objetivo "preservar la paz social" y "garantizar el derecho de toda persona a tener la oportunidad de obtener un trabajo que le asegure condiciones de existencia dignas para ellas y para sus familias".
"Resulta indispensable continuar garantizando por imperio normativo la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello, solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales de distracto laboral, que no serán más que una forma de agravar los problemas causados por la pandemia", añade.
Para el gobierno de Fernández, hoy "existen situaciones que demuestran la necesidad de mantener la duplicación de las indemnizaciones, como son las referidas a la extinción indirecta del vínculo por incumplimientos graves del empleador y la empleadora o a la aceptación por parte del trabajador o de la trabajadora de la eficacia extintiva, o incluso en aquellos supuestos en los que se torna difícil acceder a la reinstalación, ya sea por la clandestinidad laboral o el cese de actividades".
Sin embargo, la vigencia de la doble indemnización en los últimos seis meses no ha sido del todo exitosa en cuanto a la preservación del empleo en la Argentina. Según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), desde que comenzó la cuarentena en marzo, se perdieron alrededor 900.000 puestos de trabajo entre asalariados, no asalariados, formales e informales, en el marco de una recesión económica que lleva más de dos años y con un mercado laboral poco propicio a la generación de nuevos empleos, salvo algunas contadas excepciones.
Fuente: MDZ