Una encuesta de necesidades jurídicas insatisfechas, realizada entre 2016 y 2019 por la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (DNPFAJ) determinó que en ese período hubo un aumento de la percepción de que el origen de los problemas de las necesidades jurídicas insatisfechas que existen en la Argentina residen, en primer lugar, en "vivir en un país injusto", y en segundo lugar, en la falta de trabajo o "problemas en el trabajo".
Se llega a esta conclusión después de haber analizado las necesidades que en materia de justicia fueron puestas de manifiesto por la población en general y, particularmente por tres grupos considerados desventajados, entre ellos población en situación de pobreza estructural; población indígena y población con discapacidad. También fue analizada la cuestión de género para llegar a resultados más contundentes.
Con estas conclusiones la DNPFAJ ha llegado a establecer con aceptable aproximación cuáles son los principales factores que están incidiendo en las necesidades jurídicas insatisfechas como también en los niveles de acceso a la justicia que se observan actualmente.
Se debe tener en cuenta que los Centros de Acceso a la Justicia responden a un proyecto internacional de 79 países junto a organizaciones de la sociedad civil para aumentar la transparencia y la participación en las políticas públicas de esos países. En la Argentina estos centros han permitido que el acceso a la justicia llegue a lugares donde nunca lo había hecho, entre ellos sitios alejados o de sectores vulnerables con necesidades manifiestas.
En este caso, la encuesta de referencia, la segunda que se hace desde 2016, se efectivizó sobre un total de 3.000 casos en más de un centenar de localidades de todo el país.
Colaboró con la DNPFAJ la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por lo que se trata de la primera iniciativa de este tipo y magnitud que se realiza en América latina.
Con estas encuestas no sólo se cumple el compromiso de la recolección sistemática de evidencia sobre las necesidades jurídicas de las personas en nuestro país, en el marco de los compromisos internacionales, sino que pone a disposición pública y en formato abierto la información relativa a los servicios comunitarios de atención legal brindados por los Centros de Acceso a la Justicia, junto a otros informes y datos que contribuyen a evaluar si las necesidades jurídicas se están cubriendo convenientemente.