En una reunión encabezada por el ministro de Justicia, Germán Garavano, se llegó a un acuerdo para que los jueces designados a partir de 2017 empiecen a pagar el Impuesto a las Ganancias a partir del mes de enero de 2019.
El Gobierno llegó a un entendimiento con la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General, la Defensoría General y la Asociación de Magistrados y reglamentará la ley que obliga a los nuevos jueces a pagar Ganancias.
"Con el diálogo de todos los actores logramos un acuerdo histórico con el Poder Judicial para que finalmente se cumpla con la ley y empiecen a pagar Ganancias. Los magistrados entienden el esfuerzo que estamos haciendo todos para lograr una verdadera transformación judicial", sostuvo Garavano.
A partir del acuerdo, la Asociación de Magistrados retirará mañana la acción legal que había presentado en contra de la medida. Así se lo confirmaron a Infobae fuentes del Ministerio de Justicia.
Las fuentes oficiales destacaron el papel que jugó Ricardo Recondo, presidente del Consejo de la Magistratura, para alcanzar una solución a un tema que había tensado la relación entre el Poder Judicial y el Gobierno.
La semana pasada, el flamante titular de la Asociación de Magistrados, Hernán Monclá (juez de la Cámara Comercial) le había advertido al Gobierno que no buscara "ahondar" un enfrentamiento con el Poder Judicial "para lograr una mejora en su imagen a costa del derrumbamiento de la nuestra" o "una herramienta de presión" siguiendo "intereses subalternos".
"Si la solución que se pretende desde la política consiste en echar por tierra la tranquilidad económica mínima que debe asistir a quien asume la difícil tarea de disponer del honor, la libertad y la propiedad de sus semejantes, lejos de propiciar una solución claramente estaríamos generando un nuevo inconveniente", aseguró.
Diez días antes, la Corte Suprema de Justicia que había rechazado una medida cautelar de la Asociación de Magistrados para evitar que a los nuevos integrantes del Poder Judicial les descontaran el impuesto a las Ganancias. Muchos creen que detrás de esta decisión hay un intento latente del oficialismo por extender el pago de ese tributo al resto de los sueldos de tribunales.