La fiscal Silvina Gerarduzzi criticó con dureza el fallo del juez Matías Parrón, quien había desvinculado a miembros del grupo pro vida que intentaron impedir el aborto no punible de una menor de 14 años que había sido violada y que tiene disminuidas sus facultades mentales. La representante del Ministerio Público destacó que el magistrado hizo una "valoración parcializada" de las pruebas, que tuvo una "interpretación errónea del derecho" y que en pasajes de la resolución fue contradictorio y que fue en sentido contrario a los testimonios. Además de los cuestionamientos, entendió que hay elementos para procesar a la abogada Paola Miers y a los médicos Federico Bazán y Federico Antequeda por conductas delictivas que habrían desplegado en el escándalo que se gestó en el Hospital Rawson. Por eso, apeló la sentencia que los había sobreseído y ahora será la Cámara Penal la que deberá definir el tema.
La situación había revelado la intransigencia de los militantes pro vida, ya que el aborto a la adolescente se encuentra amparado en el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal, que contempla a las víctimas de una violación que sufren de una discapacidad o retraso madurativo, como el caso de la joven. Inclusive, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el llamado fallo FAL, había ampliado la intervención a toda mujer que padezca semejante ataque sexual. Además, la causa había estallado luego de que el Congreso rechazara la interrupción voluntaria del embarazo.
Todo se desencadenó el 25 agosto de 2018, cuando Miers y su esposo Bazán entraron al área de Pediatría del Rawson para convencer a la madre de la menor de que desistiera de que le realicen el aborto. No estuvieron solos, ya que contaron con el apoyo de Antequeda, médico de guardia del Servicio de Ginecología del mismo centro de salud, quien entró a la habitación de la niña, revisó la historia clínica y hasta le hizo una ecografía, práctica que fue filmada por Bazán. Personal de seguridad los sacó del lugar y estos luego pusieron una denuncia por las supuestas irregularidades que se habían cometido en el procedimiento hacia la menor, aunque tal presentación fue archivada. Encima, sus conductas quedaron bajo la lupa de la Justicia por realizar una falsa denuncia y divulgar datos íntimos. Además, a Antequeda se le imputó el delito de usurpación de funciones. No obstante, el juez los desligó y es lo que apeló la fiscal.
En ese marco, con respecto al primero de los delitos, Gerarduzzi resaltó que los implicados denunciaron que se llevó a cabo un aborto ilegal, ya que no existió una causa que lo justificara, como un profuso sangrado de la joven o la gestación detenida del feto. La fiscal señaló que eso es falso, dado que la legalidad de la intervención quirúrgica a la menor está contemplada en el Código Penal y fallos jurisprudenciales. "Esta es normativa vigente y se encuentra por encima de cualquier creencia religiosa o convencimiento moral", remarcó. En cuanto a la divulgación de datos, Gerarduzzi señaló que Antequeda accedió "ilegítimamente" a la historia clínica de la joven y que reveló su contenido a Miers y Bazán, personas ajenas al hospital. En otro ejemplo de vulneración a la intimidad de la menor, la fiscal sostuvo que el médico le hizo "intempestivamente" una ecografía y dejó que Bazán grabara todo el procedimiento. Además, la agente del Ministerio Público marcó contradicciones del juez, como que la madre de la adolescente no se había opuesto a las acciones que realizaron los imputados, cuando de su testimonial surge que le hicieron la ecografía sin pedirle permiso y que le dijo a Antequeda que no le mostrara los rasgos del bebé. También hizo hincapié en que Miers difundió la grabación de la ecografía en un programa televisivo, al igual que datos de la historia clínica.
Y Gerarduzzi le achacó la figura de usurpación de funciones a Antequeda, ya que este pertenece al Servicio de Ginecología e irrumpió en Pediatría sin autorización y sin que le pidieran una interconsulta.
25/08/2018
Médicos del hospital Rawson le hicieron un aborto no punible a una joven de 14 años que había sido víctima de una violación. La práctica estuvo rodeada de reclamos por parte de militantes pro vida.
27/08/2018
Miers, Bazán y Antequeda denunciaron en Fiscalía la práctica de un aborto "compulsivo y premeditado" a la menor de 14 años, el cual no estuvo precedido de un cuadro de gesta retenida o sangrado.
28/08/2018
El fiscal Daniel Galvani archivó la denuncia de los militantes del grupo pro vida, ya que el aborto que le hicieron a la adolescente está contemplado en el Código Penal y en un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
13/09/2018
Al revisar la causa, Galvani encontró posibles irregularidades y mandó el expediente hacia la Fiscalía de Silvina Gerarduzzi, quien luego le pidió al juez Parrón que abra la investigación contra Miers, Bazán y Antequeda.
17/03/2020
El juez Matías Parrón dictó el sobreseimiento contra Miers, Bazán y Antequeda. Es decir, consideró que no hay elementos para reprocharles conductas delictivas durante el escándalo que se vivió en el hospital Rawson.