Tras la primera audiencia de formalización de la investigación, quedó claro que el Ministerio Público Fiscal (MPF) irá con dureza contra las 21 personas que fueron detenidas el sábado pasado por saquear a una distribuidora y la frustrada maniobra al hipermercado Changomás. Para el primero de los hechos, que cuenta con 10 imputados, la fiscal Virginia Branca adelantó que en el juicio solicitará un castigo "cercano a la mitad de la pena prevista", lo que ronda en 8 años de prisión de cumplimiento efectivo, esto es, tras las rejas. En el caso del segundo episodio, en el que 11 personas están en la mira judicial, desde la fiscalía encabezada por Pablo Martín indicaron que por la gravedad del hecho, no habrá acuerdo con las defensas para una suspensión de juicio a prueba (probation), mecanismo que permite que un imputado realice tareas comunitarias a cambio de no tener una condena en su contra. Pese a ambas posturas, los fiscales quedaron abiertos a discutir juicios abreviados. Esto es, que cada imputado reconozca haber cometido el hecho, a cambio de un castigo que puede ser menor si se lleva adelante el debate. En esa línea, en el caso de los primeros, habría predisposición a que reciban el mínimo que establece la ley, cuatro años de condena en la cárcel, mientras que en los segundos, por el tipo de delito, la cifra cae a 2 años y 8 meses, por lo que podrían cumplir el castigo en libertad.
La postura del MPF radica en la gravedad de lo ocurrido en Rawson y porque el delito en la mira es robo agravado por ser cometido en poblado y en banda y por la participación de al menos un menor de edad, uno consumado y el otro en grado de tentativa. Esos elementos fueron la base para que los fiscales Branca y Martín solicitaran ayer que todos los imputados queden detenidos hasta que se lleve adelante el juicio, medida que fue ordenada por los jueces Carlos Lima y Ricardo Grossi Graffigna, respectivamente. Así, las fechas de debate quedaron fijadas para el viernes 12, en el caso de la distribuidora, y para el 16, en el caso de Changomás. La posición del MPF refleja la política de persecución penal que el Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, ha bajado a su equipo. Se trata de una decisión clave, ya que, en el caso de una probation, es necesario que los fiscales den su consentimiento para presentar ese acuerdo ante el juez. Del entorno del jefe de los fiscales circuló que dicho beneficio no estará en juego porque "un saqueo trae a la comunidad, no solo una sensación de inseguridad, sino también de anarquía, lo que da entender que existe un estado ausente" algo que no se puede permitir. Dicha postura, también ha sido reflejada por el Ejecutivo, que ha llevado adelante acciones para dar de baja beneficios sociales que reciban los imputados (Ver recuadro).
Tanto la fiscal Branca como Martín indicaron ayer que se trató de un hecho organizado. Incluso, tal cual lo adelantó este medio, aseguraron que se están peritando los celulares de los imputados para determinar el origen de la convocatoria. Al relatar los episodios dentro de la distribuidora, la fiscal dijo que hubo un primer hecho de saqueo y un segundo suceso en el que el dueño del negocio junto a su mujer y una empleada estaban en el interior, al punto que las mujeres debieron resguardarse en el baño del local. Ante una nueva ola de ingreso, rompieron a pedradas una puerta y provocaron daños calculados en 82 mil pesos, aproximadamente. En Changomás, Martín dijo que cerca de las 15.30 se vio a un grupo de 45 mujeres en el interior cargando mercadería "a discreción" y "sin mirar precios", por lo que el negocio suspendió las ventas y cerró las puertas de ingreso. Minutos después, hubo concentración con hombres que estaban a las afueras del local dando inicio a la violencia y al accionar de la policía, la cual ya había sido alertada.
Baja a planes
El ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabián Aballay, confirmó ayer
que, por gestiones del Ejecutivo provincial, se les quitó los planes sociales que recibían
cuatro personas imputadas por los saqueos del sábado. En esa línea, el funcionario uñaquista indicó que “solicitamos la baja de manera definitiva de los mayores que fueron parte del ilícito. Cuatro de ellos eran beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ya les dio de baja a través de nuestra gestión”. Además, sobre el resto de los detenidos, dijo que tanto mayores como menores “no son beneficiarios de nada, aunque algunos mayores en algún momento fueron a Desarrollo Humano solicitando asistencia alimentaria y siempre respondimos”. No fue lo único, ya que dio una opinión sobre lo sucedido el sábado al expresar que “cree” que no hubo organizaciones sociales detrás de la convocatoria. Según manifestó “las personas involucradas tenían distintos domicilios y no pertenecen a un mismo barrio, por eso, a título personal, descarto que sean de algún movimiento social. La metodología de estas organizaciones es diferente, con marchas, petitorios y demás”.