A aquellas personas que llegaban a realizar un trámite al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), las convencía al asegurarles que había una manera "fácil y rápida" para acceder a una casa. En su lugar de trabajo les explicaba que había hogares en barrios que se estaban por entregar, que no estaban incluidos dentro del sistema de sorteo para su adjudicación y que "quedaban a disposición del IPV para su venta". De esa manera, y a cambio de dinero, ofrecía carpetas de al menos tres barrios: el Stotac de Rawson, el Remanso de Santa Lucía y el Conjunto XI de Pocito, aunque no se descartan que puedan haber más. Según el equipo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales, ese fue el mecanismo que utilizó Eduardo Maximiliano Varela, de 28 años, para estafar a, al menos, 18 personas, a las que les sacó entre 35 mil y 160 mil pesos y más. Pero en el Ministerio Público Fiscal están convencidos de que hay más perjudicados, al punto que estimaron que llegan a unos 30 personas y que el monto total de la defraudación alcanza los 9 millones de pesos.
Con esos elementos, el fiscal Francisco Micheltorena solicitó ayer la prisión preventiva del único imputado, lo que fue aceptado por la jueza de Garantías, Celia Maldonado, quien dispuso que Varela pase los próximos cuatro meses tras las rejas. Además, la magistrada fijó que el Ministerio Público tendrá un año para llevar adelante la investigación de la causa.
La presentación de Varela ante la Justicia se dio ayer por la mañana en la audiencia de control de detención y formalización de la investigación dentro del sistema acusatorio. Se trata de la causa que se originó por la denuncia del director del IPV, Marcelo Yornet, en la que el empleado contratado de la repartición fue detenido el jueves por la noche en la casa de su suegro, en Pocito. Frente a la jueza, Varela no quiso declarar y sólo se limitó a escuchar la acusación de Fiscalía. El delito que se le imputó es el de estafas reiteradas. Además, en el Ministerio Público entendieron que el contratado entra en la figura de funcionario público, por lo que también le endilgaron el delito de exacciones ilegales (un tipo de coima). Los fiscales también indicaron que Varela tiene otras dos causas bajo investigación por estafa, las que se habrían producido a fines de 2021 en Jáchal y que no tienen relación con el IPV.
En su exposición, Micheltorena resaltó un punto clave con el que apuntaron a mantener la detención de Varela: la cantidad de hechos. Por el momento, son 18 las víctimas confirmadas. La pena de la estafa va de un mes a seis años y si Varela fuese declarado culpable, el castigo se le computa por cada hecho, por lo que podría recibir un condena de cumplimiento efectivo (que supere los 3 años), dado que el máximo puede llegar hasta 50. Por otro lado, Micheltorena dijo que "este tipo de delitos puede ser cometido en beneficio propio o en beneficio de terceros. Por eso, vamos a continuar la investigación a los fines de determinar si existen terceros beneficiados con el dinero que recibió o con la maniobra". Además, sostuvo que "hay un gravísimo perjuicio contra la Administración Pública porque se afectó su buen funcionamiento y el principio de legalidad". Para tratar de resguardar la plata de las víctimas, la jueza Maldonado ordenó, a pedido de Fiscalía, notificar al Banco Central para que congele las cuentas bancarias a nombre del contratado del IPV. La defensa de Varela, que estuvo representada por María del Valle Torres, no se opuso a la medida.
TRASLADO
La jueza Celia Maldonado dispuso que Eduardo Maximiliano Varela sea trasladado de la Central de Policía, donde está detenido, al Servicio Penitenciario de Chimbas. Previo, deberá cumplir con las medidas de aislamiento dispuestas por el covid. El plazo de detención es de cuatro meses, los que pueden ser renovables.
-
CLAVES
Tareas
Según dio a conocer ayer Fiscalía, Varela cumplió tareas en el área de Adjudicaciones del IPV entre agosto de 2018 y septiembre de 2021. Tras esa fecha, el imputado dejó de ir a trabajar, al parecer, alertado por posibles denuncias en su contra.
Hechos
Para la UFI Delitos Especiales, hasta el momento hay 18 hechos comprobados, los que se habrían producido entre 2020 y 2021. Además, no descartan más maniobras, las que alcanzarían a unas 30 personas en total, con episodios en años anteriores.
Lugares
Según las denuncias y los testimonios, Varela convocaba a las personas para que entregaran el dinero en distintos lugares como la planta baja del Centro Cívico, los lugares de acceso al edificio, cafés aledaños, estaciones de servicio y domicilios particulares.
Entorpecimiento
Para los fiscales, el imputado trató de persuadir a los damnificados para que no hicieran la denuncia. Según testigos, con el cambio de cheques, el padre de Varela ofreció pagar los montos entregados, lo que nunca se concretó.