En Fiscalía de Estado no le encuentran sentido al pedido del juez federal porteño, Sebastián Casanello, quien la semana pasada ordenó una serie de análisis de agua y suelo en Jáchal e Iglesia y de sangre y orina a sus pobladores. Su objetivo: determinar si hay rastros del derrame de solución cianurada de 2015 en Veladero. Desde el organismo que defiende el patrimonio local, que conduce Jorge Alvo, no discuten si los estudios son necesarios o no sino que entienden que el magistrado, por segunda vez, se excedió en su competencia al intervenir en un ámbito local. Por eso, ya le plantearon al titular del Juzgado de Jáchal que dicte una resolución para que Casanello decline su pretensión. Incluso no descartan hacerle una presentación para que revea lo dictado. Es más, aseguraron que ya hay estudios ligados a los que dispuso y que los mismos dieron resultados negativos. Fuentes judiciales confirmaron que el planteo de Fiscalía tendrá eco en el tribunal de la Segunda Circunscripción y saldrá esta semana.
Tras el derrame de solución cianurada de 2015 en Veladero, Casanello comenzó a intervenir tras una denuncia y se planteó un conflicto de competencia. Fue la propia Corte Suprema de Justicia quien le marcó la cancha al señalar que la competencia a la hora de investigar el hecho era del Juzgado de Jáchal, la jurisdicción provincial. Los supremos lo apartaron de la causa y le llamaron la atención sobre futuros procedimientos similares y le indicaron que su tarea se limitaba a investigar si funcionarios nacionales cometieron o no algún delito. Dentro de ese campo de acción, el juez porteño procesó el 11 de abril al exsecretario de Minería de la Nación, el sanjuanino Jorge Mayoral, a una integrante de su equipo y otro exsecretario como autores del delito de abuso de autoridad. Los imputados apelaron la resolución, pero la Cámara Federal confirmó ayer el fallo (ver recuadro).
El nuevo pedido del magistrado responde a una solicitud que hizo en junio la Asamblea Jáchal No se Toca, entidad que es parte querellante en la causa nacional que se inició por el derrame de poco más de un millón de litros de solución cianurada hacia el río Potrerillos. Los asambleístas le pidieron al juez que lleve adelante una serie de medidas porque la Universidad Nacional de Cuyo habría detectado altos niveles de metales en las aguas de la cuenca del río Jáchal luego del derrame de 2015. Por eso Casanello decidió la realización de una batería de estudios.
El fiscal de Estado, Jorge Alvo, indicó que en el escrito que le presentaron al juez jachallero "le solicitamos que le indique a Casanello que decline de seguir interviniendo con las medidas probatorias que ha dispuesto. En realidad, son medidas que ya están incorporadas en la causa y que él ya las tiene porque se substanciaron en la causa Ceballos". Pero además, Alvo criticó al juez al sostener que "le otorga a la Asamblea la facultad de que sus integrantes deban hacer el listado de las personas a las que se les debe hacer el estudio".
Sobre el pedido del fiscal de Estado, el juez de Paz de Iglesia, Hugo Quiroga, quien está de subrogante en el Juzgado de Jáchal, no quiso adelantar opinión, aunque sí indicó que "se le ha corrido vista al fiscal de Jáchal, Sohar Aballay, para que dictamine. Luego de su opinión, tomaremos una decisión. Estimo que para el viernes podemos tener una resolución".
Otro revés a exfuncionarios nacionales
La Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó los procesamientos que había dictado el juez Casanello contra exfuncionarios nacionales.
Quienes quedaron a un paso del juicio oral son el exsecretario de Minería de la Nación del gobierno kirchnerista, el sanjuanino Jorge Mayoral, el exsecretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Gustavo Lorusso, y la exsubsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, Beatriz Domingorena.
Los tres fueron procesados por no hacer los controles atinentes a su función. Según el fallo incurrieron en el delito contemplado en el artículo 248 del Código Penal que establece que "será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".
Además, se confirmó el embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de un millón de pesos, respecto de Domingorena, y dos millones de pesos en relación a Mayoral y Lorusso.
Cantidad
1.073 metros cúbicos fueron los que salieron de la mina y cayeron al río Potrerillos, afectando también a Las Taguas y La Palca.
Investigación local
El entonces juez de Jáchal, Pablo Oritja, procesó a 9 directivos de la empresa Barrick por el derrame de 2015. La Cámara de Apelaciones desligó al exgerente General y confirmó la situación del resto.