Ante el regreso de la Fase 1 que dispuso el Ejecutivo por el avance del coronavirus, desde la Fiscalía General de la Corte, que encabeza Eduardo Quattropani, acompañaron la medida al emitir una resolución que dispone limitar el otorgamiento de la suspensión de juicio a prueba para todos aquellos nuevos infractores.
La resolución comenzó a correr desde ayer y será aplicada a todas aquellas personas que incurran en delito tipificados en los artículos 202, 205 y 239 del Código Penal. Esto es, "el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas"; "el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia", y "el que se resista o desobedezca a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones", respectivamente.
Además, según el escrito, para que el fiscal que intervenga en la causa decida dar el beneficio de probation a un detenido, deberá contar con el consentimiento de, al menos, uno de los fiscales coordinador de Flagrancia, Iván Grassi y Adrián Riveros.
Según las estadísticas oficiales, desde que comenzó la cuarentena en el mes de marzo, ya son 1.222 las personas que pasaron por el sistema de Flagrancia, por haber incumplido con las normas dispuestas por el Ejecutivo. De ese número, 1.083 son imputados que tuvieron resolución judicial, el resto está pendiente de resolución. Todos los procesados se dieron por incumplimientos a los artículos 205 y 239 del Código Penal.
Eso no es todo, ya que en el ámbito de la justicia de Faltas, según los datos oficiales aportados por el Ejecutivo, por las violaciones a los protocolos, ya hay unos 7.000 expedientes que se generaron en ese fuero. La mayor cantidad de causas, 3.000, se tramitan en el tercer Juzgado de Faltas, unas 2.500 se llevan adelante en el Segundo Juzgado; mientras que el Primero cuenta con 1.500 expedientes.
Ante los hechos de relajamiento social por el buen estatus sanitario que ostentaba la provincia, a principio de mes el Ejecutivo endureció las multas para aquellos evasores del control de entrada a San Juan con el fin de evitar el examen para la detección del coronavirus o el cumplimiento de la cuarentena y para quienes organicen y participen en fiestas ilegales. El incremento de la máxima sanción económica será del 722 por ciento, ya que pasó de 150 mil pesos a 1,2 millones de pesos. Además la pena por días de arresto pasó de 30 a 60.
Flagrancia
1.083 Es la cantidad de imputados que tuvo resolución dentro del sistema de justicia penal exprés, desde que comenzó en marzo la cuarentena.