El gremio Foeva busca quedar desligado de la causa en la que exdirectivos quedaron en la mira por la venta irregular de dos plazas del barrio que lleva el mismo nombre, ubicado en Rivadavia. Tras el pedido de un querellante, la Justicia embargó las cuentas del gremio por un monto que ronda los 20 millones de pesos, por lo que el sindicato pidió cambiar el embargo por bienes que funcionen como respaldo ante una eventual condena civil. Es que, según explicó el representante legal de la entidad, Fernando Castro, la inmovilización de ese monto en las cuentas bancarias ha ocasionado un perjuicio a la sede nacional, ya que traba desde el pago de sueldos hasta el pago a proveedores. Además, le solicitó al juez que Foeva sea considerada querellante, ya que entiende que ha sido víctima de una estafa, porque el gremio no fue el que dispuso la comercialización de los espacios verdes sino que eso fue promovido por personas que integraron la entidad. El pedido fue rechazado por la Justicia, pero la negativa fue apelada ante la Cámara Penal.
Castro indicó que no corresponde el embargo a las cuentas bancarias de Foeva y deslizó que hubo un error por parte del magistrado que dio curso a esa acción. Según dijo el abogado, la Justicia "no ha advertido que a quien se le está ocasionando un perjuicio, inmovilizando los montos, es un sindicato con personería jurídica y, como tal, según lo que indica el Código Civil, no responde por los actos ilícitos cometidos por las personas". En esa línea, resaltó que se debería haber embargado las cuentas de las personas imputadas en la causa, no de la entidad, ya que la misma no es factible de cometer un delito, a diferencia de las personas que la integran, que sí pueden estar en la mira. Mientras ese pedido se soluciona, Castro aclaró que se le ha solicitado a la Justicia cambiar el embargo por "inmuebles que representan el mismo valor", esto es, unos 20 millones de pesos.
La polémica por las ventas de dos terrenos del Barrio Foeva, que iban destinados a plazas, se originó a principios de 2018, luego de que vecinos reclamaran por la inminente construcción de un centro comercial. En la mira están el exsecretario de Finanzas del gremio, Blasco Novaro; Paola Oliver Balaguer, quien adquirió los predios, y Juan Carlos Lirio, otro comprador.
Cambios
Tras la denuncia, la causa recayó en el Primer Juzgado de Instrucción, a cargo de Benito Ortiz. Tras la jubilación del magistrado, quien estuvo al frente del expediente fue la jueza Gema Guerrero. Luego de la puesta en marcha del sistema acusatorio, las causas de ese juzgado pasaron a manos de un juez de Flagrancia.