Tras escuchar el reclamo de la oposición y analizar la propuesta que este martes hizo el radicalismo, el Gobierno decidió frenar el polémico pago retroactivo en la tarifa de gas que debían realizar los usuarios para compensar por la devaluación a las empresas prestatarias.
Así se lo confirmaron altas fuentes oficiales a Clarín, que precisaron que la medida se hará oficial en las próximas horas. No obstante, referentes de los principales bloques parlamentarios, incluido Cambiemos, ya fueron notificados por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien desembarcó en el Congreso ante el riesgo que advirtió el Gobierno de que la medida emitida el viernes pasado por el secretario de Energía, Javier Iguacel, empantanara la discusión por el Presupuesto 2019.
En la reunión, de la que participaron este mediodía el titular provisional del Senado, Federico Pinedo, el jefe del interbloque de Cambiemos en la Cámara Alta, Luis Naidenoff; Frigerio les notificó a los legisladores de la oposición que la decisión del Gobierno es que las empresas absorban una parte del costo y que el resto se hará cargo el Estado, en cuotas hasta 2021.
En Diputados, la oposición había unido fuerzas para convocar a una sesión especial para el jueves 18, con el objetivo de derogar la resolución de Iguacel, amparada en la ley 24.076 sancionada en 1992, que habilita "al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a instruir a las prestadoras del servicio de distribución al recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios, en 24 cuotas a partir del 1º de enero de 2019". Se trata, estiman en el Gobierno, de unos 10 mil millones de pesos, más intereses. Según había adelantado el secretario, sería un promedio de entre 90 y 100 pesos por mes durante dos años.
Más allá de que en la mañana de este miércoles el Presidente había salido a defender la decisión del Gobierno al señalar que "la energía cuesta y hay que pagarla", la rápida respuesta de la oposición que se abroqueló y llegó a amenazar incluso con dejar sin Presupuesto al Gobierno, forzó a la Rosada a buscar alternativas. Así, primero se analizó la propuesta que hizo llegar el radicalismo, cuyo costo para el Estado sería de unos 100 millones de dólares.
Confeccionada por un asesor de Mario Negri, jefe del interbloque en la Cámara de Diputados, el documento impulsado por los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes) contemplaba que el Estado subsidiara el 50% que debían abonar los usuarios.