El tono alarmista y la preocupación de esa mujer que decía ser su hija que vive en España la hizo empatizar y caer enseguida: "Mamá, acá hay un problema, yo te regalé unos euros… ¿no tenés más plata?, mamá, acá hay un lío muy grande porque va a haber un corralito". Luego de ponerla al teléfono con su "jefa" para reforzar su versión, le pidió que juntara todos los dólares y los euros en su poder y se los entregara a un contador amigo en la esquina de Del Bono e Ignacio de la Roza, Capital. Aquel 16 de junio cerca del mediodía, hasta el esposo de la víctima cayó en la trampa y él en persona partió hacia esa esquina con unos 1.500 dólares y 500 euros. El engaño estuvo a punto de frustrarse cuando la víctima le preguntó a su "hija" el nombre de su nieta y enseguida le cortaron. Entonces la dueña de casa le pidió al jardinero que corriera hasta donde estaba su marido para evitar la entrega de la plata, pero cuando el empleado llegó el delincuente ya la tenía en sus manos y huyó a toda carrera, para luego escapar en un Chevrolet Cruze en el que lo esperaba un cómplice.
Esa vez se supo enseguida que uno de los presuntos estafadores era un miembro de la comunidad gitana, Kevin Jovan Castillo Palacios, porque las cámaras lo delataron como quien recibió los billetes y también el auto en el que se movilizaba.
Pero entonces ocurrió lo inesperado. Díaz después, Oscar Adárvez, en ese momento abogado del principal sospechoso, llamó a la familia víctima, los Guevara, y les dijo que fueran hasta una escribanía porque junto con su cliente les iban a devolver la plata. Y así fue.
Luego, el abogado presentó un escrito en el Segundo Juzgado de Instrucción en el que las víctimas renunciaban a la persecución penal del imputado, lo que jurídicamente acarrearía el fin de la investigación contra ese joven pues se solicitaba la extinción de la acción penal en su contra por reparación integral del daño causado, es decir el pase a archivo del expediente. El mismo imputado declaró que estaba "arrepentido" y que lo habían invitado a cometer una estafa, pero que no delataría a sus cómplices por temor a represalias.
Fiscalía se opuso, porque considera que a nivel procesal no está contemplada esa salida para el caso de estafa que se investigaba.
La jueza Mabel Moya compartió la posición de que las normas que reconocen derechos son directamente operativas y no deben sujetarse a leyes procesales, pero en el caso de Castillo Palacios rechazó el acuerdo porque el sujeto "representa un peligro para la sociedad por su proclividad a delinquir", indicaron fuentes judiciales. En su historial, este sujeto registra múltiples causas por delitos contra la propiedad (incluso en La Rioja) y cada vez que fue excarcelado, aprovechó para volver a quebrantar la ley, precisaron los voceros.
Por esa razón la jueza lo procesó por el delito de estafa, aunque sin prisión preventiva, y ordenó trabarle un embargo sobre sus bienes por $100.000, precisaron las fuentes.