Tal cual lo había adelantado este medio, el Gobierno radicó ayer la denuncia en la que describe la transferencia ilegal a particulares de dos terrenos del Barrio Foeva, en Rivadavia, que estaban reservados para el uso municipal y en los que hoy hay plazas. La presentación recayó en la Fiscalía de Instrucción Nº 5, a cargo de Ana Lía Larrea, quien le pedirá al juez Benito Ortiz, del Primero de Instrucción, que abra la investigación para que se determine si hubo o no una maniobra delictiva, indicaron fuentes judiciales.
La denuncia la realizó el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, al hacerse eco de los reclamos de los vecinos del barrio, quienes le plantearon que una de las plazas había sido cerrada por Juan Carlos Lirio, quien había exhibido el título de propiedad.
Si bien el alfil uñaquista no denunció directamente a las autoridades de Foeva con nombre y apellido, en el escrito queda más que claro que la mira oficial está puesta en el gremio. Es que se señala que el sindicato "ha violado la obligación impuesta por el Código de Edificación al transferir por donación los espacios ya reservados y comprometidos para equipamiento a la municipalidad de Rivadavia".
De acuerdo a la documentación, Foeva tuvo en 1973 el OK de Planeamiento para hacer el barrio luego de que reservara dos terrenos que debían ser donados al municipio para lo que se denomina equipamiento (escuela, comisarías, centro de salud, por ejemplo), tal cual exige el Código de Edificación. Ergo, no podían ser transferidos a privados.
De hecho, la denuncia resalta que el gremio conservó dichos espacios registrados a su nombre y "no cumplió con la prescripción legal de donarlos". Fue así que en 2009, la Comisión Directiva de Foeva ratificó la cesión de uno de los inmuebles, llamado "Fracción A", el cual fue dividido y 3.261 metros cuadrados debían ser destinados a la comuna y el resto, a un centro de jubilados. Tal tarea fue encomendada a Blasco Alberto Novaro, actual secretario de Finanzas de la entidad gremial. Sin embargo, el lote que debía terminar en posesión de Rivadavia, fue entregado en 2014 como pago por la prestación de servicios a Ivana Paola Oliver Balaguer.
Una situación idéntica se dio con otro terreno de 1.606 metros cuadrados, llamado "Fracción C", también reservado para equipamiento: en octubre de 2015 quedó en manos de Oliver Balaguer bajo la misma figura. La mujer a su vez vendió en octubre de 2017 el primer inmueble al condominio conformado por Andrés y Gabriel Nassimof, Sergio Irimia Cadenas y Daniela Quiroga Aciar, mientras que el segundo lo transfirió en ese mismo año a Juan Carlos Lirio. Ambos terrenos actualmente son plazas y este último comprador fue el que cerró una de ellas para encarar un emprendimiento inmobiliario, aseguraron las fuentes.
De esa manera, la denuncia remarca que el gremio "dolosamente" transfirió los inmuebles "a terceros particulares, desbaratando los derechos ya acordados, violando expresamente una obligación impuesta, causando un grave perjuicio al dominio público, ya que se ha despojado de la propiedad" de los terrenos.
La denuncia también hace mención a una escritura en la que el sindicalista Novaro "hace entrega de la posesión", pero Baistrocchi remarcó en el escrito que la posesión del inmueble es ejercida por el municipio, por lo cual la escritura revela un hecho falso. Además, en la escritura de entrega de los terrenos a Oliver Balaguer figura que se transfieren dos lotes baldíos, cuando en realidad había dos plazas.
Refuerzo fiscal
Además de la intervención de la fiscal Larrea, fuentes judiciales señalaron que el fiscal General, Eduardo Quattropani, reforzará el equipo y también abocará en la causa a Claudia Salica. ¿El motivo? El interés público del caso al estar en juego bienes del Estado.