Una caja fuerte que contenía 130.000 dólares y 330.000 pesos fue decomisada en el Sindicato de Choferes de Camiones del partido bonaerense de San Miguel, en el marco de un operativo ordenado por la Justicia a raíz de una denuncia por presuntos pedidos de coimas y extorsiones a empresarios.
Fuentes judiciales informaron ayer que el allanamiento se realizó la noche del viernes en la sede ubicada en Concejal Tribulato 1531, en el noroeste del conurbano, y fue encabezada por los fiscales de Moreno-General Rodríguez, Hugo Llado y Carina Saucedo.
"El operativo es el resultado de un gran trabajo en equipo entre las fuerzas de seguridad, la Justicia y el Ministerio", dijo ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Obtuvimos un dato, lo seguimos y realizamos tareas de investigación que nos permitieron desplegar con eficacia y precisión los allanamientos en el sindicato", agregó.
Hasta ahora en esta causa no se produjeron detenciones.
El procedimiento fue desarrollado por la División Investigación de Delitos Violentos de la Policía Federal Argentina (PFA), cuyos efectivos encontraron el dinero en la caja fuerte y luego la trasladaron a la fiscalía junto a documentos, computadoras y otros elementos de interés para la causa.
Una fuente judicial dijo a Télam que los policías fueron directamente a la oficina del titular del sindicato, Walter Rojas, y allí encontraron la caja fuerte con el dinero, que estaba separado en distintos fajos y tenía anotados diferentes nombres. Ahora, los investigadores tendrán que establecer cuál es el origen de los fondos y si tiene vinculación con las denuncias.
La causa se inició a raíz de una denuncia que asegura que dirigentes del Sindicato de Choferes de Camiones de San Miguel ejercen amenazas y realizan pedidos de coimas a transportistas y comerciantes para que trabajen únicamente con determinadas empresas, las cuales estarían en connivencia con su agrupación.
Un vocero judicial contó que el expediente se inició en marzo y que los denunciantes son del rubro de alimentos congelados a los que aparentemente también les pedían una importante suma de dinero para realizar diferentes trámites vinculados a la circulación y la manipulación de los productos.
Otra de las denuncias que figuran en el expediente, en el cual interviene la jueza de Garantías 1 de Moreno, Adriana Julián, señala que desde el sindicato los amenazaban con que les iban a triplicar el costo de los cánones de los camiones con cámaras congeladoras si no les aumentaban los sueldos a los empleados.
También había extorsiones para que les pagaran a los choferes por kilómetros recorridos bajo la amenaza de que, de lo contrario, se iban a quedar con esos puestos de trabajo.