El Gobierno sanjuanino puso en marcha un régimen de fiscalización de los contratos de compra-venta de uvas y de elaboración a maquila, que establece la obligatoriedad de registrarlos antes de que el producto ingrese a las bodegas. La medida, que ya había anticipado a DIARIO DE CUYO el ministro de la Producción, Andres Díaz Cano, generó polémica en el sector porque mientras los viñateros sostienen que contribuirá a "transparentar" las operaciones, los industriales se oponen porque dicen que "no hay reglas claras" para llevar adelante los acuerdos. Para los incumplidores habrá multas económicas y hasta la clausura de los establecimientos.
La decisión del Gobierno local de intervenir en la actividad se sustenta en la legislación nacional y provincial que lo avala y en una actitud de salir a proteger al productor, que está en inferioridad de condiciones a la hora de negociar precios y plazos con los industriales. Y tiene lugar cuando nadie se anima a arriesgar todavía precios por el kilo de uva para vinificar y la queja de los viñateros por los altos costos para producir y luego llevar adelante la cosecha.
No es la primera vez que se obliga a los bodegueros a que registren los contratos, y en el sector recuerdan que hasta hace unos 10 años atrás la medida estaba vigente, pero después fue dejada de lado. Así, en la práctica, las operaciones se pactan de palabra entre el viñatero y el bodeguero, pero no hay ningún contrato que respalde la transacción. Y una vez finalizada la vendimia y de acuerdo a los kilos cosechados se hace la liquidación, estableciéndose un precio y plazos de pago. Pero los productores se quejan porque, al no haber ningún instrumento firmado, algunos industriales no cumplen con los precios ni con los plazos comprometidos, como ocurrió en la última cosecha, según denunciaron las entidades del sector.
La resolución ministerial establece que es obligatorio para las bodegas elaboradoras de vinos y las mosteras registrar los contratos tanto de compra-venta de uvas como de elaboración a maquila, previo al ingreso de la materia prima a los establecimientos. Se deberá establecer precio, forma de pago y las condiciones, en el caso de la maquila. Y los instrumentos se deberán registrar en la Dirección de Asuntos Vitivinícolas, que funciona en el cuarto piso núcleo 5 del Centro Cívico. El organismo tendrá a su cargo el control del cumplimiento de la resolución, que contempla sanciones para los establecimientos incumplidores. Los castigos parten desde una multa, que se calculará de acuerdo a la gravedad de la infracción, que será el equivalente al valor de entre 1.000 a 100.000 litros de vino. Otra medida puede ser la clausura del establecimiento hasta que se regularice la situación o la inmovilización de volúmenes vínicos a determinar.
Si bien en San Juan el sistema se pone en marcha mediante una resolución, en Mendoza se aprobó una ley que también estará vigente para esta vendimia (ver aparte).
Entre los productores la medida fue muy bien recibida. José "Catuco" Molina, de la Cámara de Productores Vitícolas, dijo que es una decisión "acertada", mientras que Juan José Ramos, de la Asociación de Viñateros Independientes sostuvo que ayudará a mantener la "rentabilidad" del sector. Eduardo Garcés, de la Federación de Viñateros, manifestó que se "cumple un reclamo del sector".
Desde el ámbito bodeguero, Angel Leotta, de la cámara del sector, expresó que "no están dadas las condiciones" para su implementación. Y Juan Carlos Pina, director ejecutivo de Bodegas de Argentina, sostuvo que "nosotros pedíamos que fuera una medida voluntaria pero, como ocurre en Mendoza, no nos hicieron caso y lo sacaron por ley".
En Mendoza, la medida se aplica por ley
Luego de la media sanción de Diputados, en diciembre la Cámara de Senadores de Mendoza aprobó la ley de contratos de uva que obliga a productores y bodegas a firmar documentos que dejen asentados los detalles de cada transacción en el momento en que se entrega la uva en el establecimiento.
En declaraciones al diario Los Andes, el diputado Ricardo Mansur (UCR), quien fue impulsor del proyecto, explicó que el contrato obligatorio deberá establecer el precio de la uva y los plazos de pago. "Además deberá haber una cláusula de ajuste para evitar que el productor salga perdiendo contra la inflación o situaciones extraordinarias, como la devaluación", que tuvo lugar el año pasado, señaló el legislador.
La norma establece sanciones para quienes no cumplan con la ley, que incluyen desde multas (serán del 5% del valor del contrato) hasta quitas de beneficios. Al momento de firmarse el contrato se dejará registro en el Ministerio de Economía de la vecina provincia y será el propio Gobierno de Mendoza el encargado de verificar su cumplimiento. En principio se aplicará para la cosecha de uva, pero la idea es que luego se vayan sumando otros productos agrícolas.