El abierto desafío del independentismo catalán a la legalidad española saltó del Parlamento a las calles. Una masa compacta de cientos de miles de personas desbordó la cuadrícula perfecta del Ensanche barcelonés en apoyo al referéndum soberanista que el gobierno regional convocó para el 1º de octubre.
La impactante manifestación de la Diada -el Día Nacional de Cataluña- dejó en evidencia la magnitud de la crisis institucional sin precedente a la que se asoma España, con su comunidad autónoma más próspera lanzada a la secesión y a la desobediencia de las sentencias judiciales que decretaron la ilegalidad de la votación soberanista.
"Referéndum es democracia", se leía en una lona de 16 x 16 metros que los asistentes hicieron circular trabajosamente a lo largo del Paseo de Gracia durante un kilómetro y medio, desde la avenida Diagonal hasta la Plaza de Cataluña, el corazón de la ciudad. Apenas a unos pasos del inicio de La Rambla, donde hace menos de un mes el jihadista Younes Abouyaaquoub asesinó a 14 personas con una camioneta.
Los organizadores señalaban que la asistencia superaba de largo el millón de personas. A la gente le habían pedido que usaran una camiseta fluorescente y se concentraran en el Paseo de Gracia y en la calle de Aragón, de manera de formar una inmensa cruz que pudiera verse desde el aire. Querían simbolizar la tacha en la casilla del SI que pretenden hacer en la hipotética votación soberanista del mes que viene.
Esa elección fue convocada el miércoles pasado por el presidente regional, Carles Puigdemont, después de que el Parlamento catalán sancionó una norma que se presenta como superior a cualquier otra ley vigente, incluida la Constitución española. El texto dispone que si la opción independentista triunfara en las urnas los diputados catalanes proclamarán de inmediato la fundación de una nueva república.
El gobierno español del presidente Mariano Rajoy impugnó al instante la ley. Y prometió que hará "todo lo necesario" para que la consulta no se celebre. El Tribunal Constitucional (TC) suspendió el jueves la ley del referéndum y el decreto de convocatoria, en un fallo en el que advirtió a las autoridades catalanas de la responsabilidad penal en la que incurrirían en caso de no obedecer.
Puigdemont sigue adelante. "No contemplo ningún plan B. El 1º la opción es referéndum o referéndum", dijo en un encuentro con corresponsales extranjeros horas antes de la manifestación.