El Gobierno nacional enviará en los próximos días al Congreso el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas que contempla incentivos a partir de mayores autorizaciones de exportación y de disponibilidad de divisas para iniciativas que se encaren en todas las cuencas que aseguren un incremental de producción en gas y petróleo.
Es una ley con perspectiva federal, con incentivos a la especificidad de cada una de las regiones del país.
Fuentes oficiales informaron que el articulado del proyecto ya está a disposición del presidente Alberto Fernández con los detalles de un nuevo régimen de promoción de inversiones para los próximos 20 años. Y está destinada a garantizar el abastecimiento interno con sustitución de importaciones y mayores exportaciones.
Para ello "se atienden los requerimientos cambiarios que necesitan las inversiones, mediante un esquema que genera beneficios para el productor y el abastecimiento interno", agregaron.
También atiende la estabilidad fiscal.
En particular se ofrecerá a los proyectos, que deberán cumplir montos mínimos de inversión anuales y sostenidos por plazos de hasta cinco años, niveles de exportaciones garantizadas que arrancan en un piso del 20% y se extienden hasta el 50% de los volúmenes de producción incrementales.
Para delimitar esos volúmenes se tomará como base el máximo anual del bienio 2019-2020, o los últimos 12 meses a abril de 2021, cuando se comenzó a discutir la ley. Además, se propone libre disponibilidad a las divisas provenientes de la exportación incremental que se calcularán en hasta un 50% del piso de 20% de permisos de exportación, y que se irá incrementando en la medida que lo haga la producción.
El esquema de inversiones mínimas será para los proyectos de exploración sísmica convencional de U$S 6 millones en un plazo máximo de 3 años; y en almacenaje subterráneo de gas desde U$S 30 millones a 3 años.
Para proyectos de producción convencional un mínimo de inversión de U$S 100 millones a 4 años; para los procesos de industrialización de hidrocarburos de U$S 300 millones a 4 años y en la producción de gas y petróleo no convencional como los de Vaca Muerta, de U$S 400 millones anuales sostenidos en 5 años.
En este último caso, el 25% de la inversión comprometida deberá estar destinada al desarrollo de nuevos proyectos pilotos de manera de asegurar su sostenibilidad, en tanto que también se contempla proyectos más chicos en cuencas con declino marcado para los cuales se reducen compromisos y se amplían plazos.
En cuanto a otros beneficios fiscales regulares sólo tenderá a reducir el costo del gasto inicial de los bienes de capital, pero una vez en funcionamiento tributarán con las cargas impositivas previstas.
Se trata de beneficios en el Impuesto a las Ganancias, en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), aranceles y derechos de importación a bienes de capital, en particular con una mención a los proyectos costa afuera que son más onerosos.
Los derechos de exportación podrán oscilar en tasas del 0% al 8% de acuerdo a una fórmula de cálculo en base al precio internacional del crudo Brent, mientras que se ratifica que los volúmenes adicionales se mantendrán dentro de lo contemplado en el Decreto 488 del año pasado.
De esta manera, se busca fortalecer el ingreso de divisas y las reservas del Banco Central, promoviendo, incrementando el valor agregado de la actividad hidrocarburífera.
El esquema apunta a alentar la participación de las empresas regionales y nacionales como proveedores de la actividad.
La iniciativa prevé dar un impulso a la producción convencional como no convencional y en todas las cuencas del país. También se promueve el transporte, compresión, separación, tratamiento, almacenaje y la industrialización de los hidrocarburos a través de procesos que los utilicen como materia prima, incluyendo la producción de fertilizantes y la refinación de combustibles. Télam
- Proyectan cambios en el impuesto a las naftas
El Gobierno nacional impulsará un cambio en la implementación de Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), con el objetivo de dejar atrás el actual efecto indexatorio, al pasar de un monto fijo vinculado a la evolución del costo de vida a un porcentaje fijo que se aplicará sobre el valor del litro de combustible.
El cambio está contemplado en el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas que el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso en los próximos días, y que incluye una revisión de la aplicación de ICL dispuesta en 2018 durante la gestión Cambiemos, informaron fuentes oficiales.
La propuesta es dar de baja el actual esquema de aplicación del Impuesto a las naftas y el gasoil, basado en montos fijos en pesos por unidad de medida, que son de actualización trimestral sobre la base de las variaciones del Indice de Precios al Consumidor (IPC) .
La nueva metodología que se impulsará contempla la aplicación de un porcentaje directo sobre el precio de venta, de manera que varíe sólo si hay un incremento o una baja de los combustibles, pero no en función del costo de vida.
En la actualidad, los montos fijos se actualizan por trimestre calendario en enero, abril, julio y octubre, y desde su aplicación para evitar impacto inflacionario sufrió desdoblamientos y postergaciones en su aplicación.
"Buscamos pasar a un esquema porcentual, directo y más simple tanto para la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía como para el esquema de aplicación que depende de una resolución periódica para su actualización", explicaron fuentes del Ministerio de Economía.
Destacaron que "la transformación del actual esquema de variación de impuesto líquido también saca indexación que pude generar espiralización inflacionaria".