La resolución, que circula en la intranet de la Cámara de Diputados de la Nación, tiene tres páginas y 10 artículos. Y viene a reglamentar una insólita pelea de consorcio parlamentario: la puja por los despachos. El disparador fue un recordado antecedente, apenas asumía el macrismo, y que tuvo epicentro en la oficina que ocuparía Máximo Kirchner. El escándalo incluyó faja de seguridad violada y toma ilegal por parte de dirigentes kirchneristas. Finalmente, dos legisladores del FPV cedieron lugar para que el hijo de la ex presidenta estuviera cómodo en el Palacio.
El gran debate inmobiliario suele ser ese: quién tiene despacho en el histórico Palacio Legislativo y quién en el edificio conocido como “el Anexo”. Con la renovación de bancas, luego de la elección del 22 de octubre, la polémica volvió a abrirse. Y para evitar que escale, el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, sacó la resolución que, en su artículo 1, faculta a su secretario general, Guillermo Bardón, a “distribuir y asignar” los despachos.
Las oficinas más codiciadas son las del tercer piso del Palacio. Allí dejarán lugares, entre otros, los kirchneristas Carlos Kunkel, Edgardo Depetri, Juliana Di Tullio, Héctor Recalde y Carlos “Cuto” Moreno. También el misionero Maurice Closs, que se irá al Senado. Y el peronista Oscar Romero, jefe del Bloque Justicialista.
El affaire con Máximo blanqueó una práctica habitual: diputados salientes y entrantes de un mismo partido hacían un pase llave mano en mano. “Aún hoy hay algunos que lo presentan como un derecho adquirido, pero no es así”, aseguraron a Clarín desde la conducción de la Cámara baja.
Un dato político le pone condimento a la pelea: por el resultado electoral, hubo bancadas, como la oficialista, que ganaron lugares; y otras, como la kirchnerista o la massista, que los perdieron. Esto hace que, en la mudanza de despachos, oficinas que eran de un partido deban pasar a otro. Más bronca aún para los que deben ceder posiciones.
Para aplacar rebeldías, además de darle facultades al secretario general de presidencia para determinar los cambios, la resolución prevé sanciones. Las detalla el artículo 6: “La desocupación y restitución en tiempo y forma por parte de los señores Diputados Nacionales de los despachos oportunamente asignados, junto con el mobiliario provisto y los respectivos juegos de llaves, será un requisito previo de cumplimiento ineludible para la percepción de la liquidación final”.
El plazo máximo para entregar las llaves es hasta cinco días hábiles de cumplido el mandato. “Vencidos los plazos establecidos sin que se hubiese producido la correspondiente restitución del despacho, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación dispondrá las medidas necesarias para efectuar la correspondiente desocupación, a fin de poder reasignar dicho despacho al cumplimiento de otras necesidades”, amplía otro artículo.
La sanción económica, calculan en la Cámara, puede orillar los 80.000 o 90.000 pesos que suele ser una liquidación final de un diputado que deja su puesto, por vacaciones pendientes y otros rubros. Si no se cumple con la entrega de llaves, la liquidación queda congelada.
Además de las llaves para otorgar al nuevo inquilino, se controla el estado de la oficina y el equipamiento. A eso se refiere el “mobiliario provisto”. “Antes no había ningún control. Entonces,un diputado o un asesor se llevaba una computadora y nadie se enteraba”, explican en la Cámara.
Y aclaran: “De todos modos, hasta ahora la mayoría está entregando en tiempo y forma, y con el mobiliario que corresponde. Sobre todo en el Anexo. Queda alguno que resiste en el tercer piso del Palacio, pero esperamos que se solucione pronto”. Falta menos de una semana para el recambio.
Fuente: Clarín