Fruto de las presuntas irregularidades de la gestión de Julián Gil, se desató un hecho insólito en el Concejo Deliberante de Caucete que repercute en la vida institucional del municipio. Por votación mayoritaria, los ediles suspendieron ayer por 15 días a la presidenta del cuerpo, Paola Cepeda, bajo un cargo polémico: ocultar información pública. También fue desplazado, por el mismo período, el secretario Administrativo del órgano legislativo, a lo que se sumaron las renuncias del vicepresidente primero y segundo, Miguel Caselles y Juan Elizondo respectivamente. Así, quien quedó al mando del Concejo es el secretario Legislativo, José Giménez, por lo que estará al frente de la comuna si el intendente se ausenta de su función, por viaje o enfermedad. De acuerdo a fuentes consultadas, Giménez tiene poco más de 50 años, es técnico electrónico y antes de ser electo concejal trabajaba en su taller arreglando radios y televisores.
El complejo panorama en Caucete quedó planteado ayer tras una acalorada sesión deliberativa que incluyó, según las fuentes, hasta un "careo" entre Cepeda y el secretario del cuerpo, Víctor Becerra. La diferencia entre ambos, y por la que fueron suspendidos, es porque el segundo aseguró que la presidenta lo obligó a modificar y ocultar un pedido de informe que había enviado en mayo el Ministerio de Hacienda de la provincia, algo que la edil negó. En dicho documento, la cartera del Ejecutivo solicitaba conocer la cantidad de empleados y contratados que tiene la municipalidad. El dato era necesario para girar unos 8 millones de pesos a las arcas comunales en concepto de adelanto de coparticipación, planteo que había hecho Gil para pagar sueldos, lo que ocurrió en medio de un conflicto de ingreso de personal a planta permanente (ver Polémica…).
Según explicó el concejal radical Juan Carlos Vicente, ese documento nunca ingresó al Concejo para ser discutido, "ni cuando fue enviado, el 16 de mayo, ni en las reuniones subsiguientes. Recién supimos del mismo el viernes pasado, día en el que la concejal Romina Rosas llegó a la sesión con una copia del pedido del Ejecutivo". El edil aclaró que "más allá del contenido, el problema es que se ocultó información. Es muy grave y nos da la impresión que viene ocurriendo hace tiempo. Si ha ocurrido ahora ¿cuántas veces más habrá sucedido?", se preguntó el edil.
Tanto Cepeda como Becerra fueron apartados de sus puestos por 15 días, de acuerdo a lo que establece el artículo 82 de la carta orgánica municipal. La norma establece que el Concejo puede, con el voto de las dos terceras partes, "suspender temporalmente de su seno a cualquier miembro por desorden de conducta, incompatibilidad, inhabilidad o incapacidad". Según indicaron las fuentes, durante las dos semanas que estarán desplazados, los implicados podrán aportar información para zafar y, a su vez, a los concejales le servirá para determinar si alguno tuvo responsabilidad en la maniobra. Vicente sostuvo que ese paso es clave, ya que "nos hemos reservado el derecho de aplicar sanciones, como revocarle la presidencia a la concejal y desplazar al secretario".
Además del radical, los que aprobaron la suspensión fueron los opositores Rosas y Elizondo. También lo hizo Alejandro Varela, distanciado del intendente, y Miguel Caselles, aliado al jefe comunal, pero que sorpresivamente se mostró en contra. El concejal Giménez no emitió posición, por lo que su voto fue tomado como negativo. Cepeda no atendió los llamados de este medio.
- Polémica y reversa
La incorporación de 67 empleados a planta permanente por parte del intendente Julián Gil trajo polémica en el distrito. El jefe comunal firmó un decreto de incorporación en el que figuraban funcionarios y miembros de su planta política. Además, aparecían familiares, amigos y parejas de sus hijos. Al parecer, la maniobra fue para embarrarle la cancha a Romina Rosas, la intendente electa del Frente Todos. La medida despertó el enojo de unos 100 empleados que, en modo de repudio, tomaron la comuna. Ante la presión, Gil tuvo que dar marcha atrás.