El fallo de la Corte Suprema que benefició a un detenido por delitos de lesa humanidad con el "2×1" caló hondo en la opinión pública y en la dirigencia política, a tal punto que la Cámara de Diputados se desvío de la sesión que estaba convocada por otros temas para introducir una cuestión de privilegio e insertar la polémica en torno a la decisión del máximo tribunal.
El oficialismo y la oposición están negociando para lograr un consenso de siete proyectos y lograr una iniciativa que frene la aplicación del "2×1" en detenidos por crímenes de lesa humanidad.
Con el voto de los dos tercios de los legisladores presentes en el recinto, ya se aprobó un apartamiento del reglamento. Los siete proyectos que se presentaron y buscan unificarse fueron presentados por Victoria Donda (Libres del Sur), Alicia Ciciliani (Partido Socialista), Pablo Tonelli, Daniel Lipovtezky (Pro), Remo Carlotto y Héctor Recalde (FpV-PJ).
Como la norma no fue debatida en comisión y por lo tanto no tiene dictamen, se necesitantres cuartos del plenario para que obtenga media sanción y pase al Senado.
Donda fue quien pidió alejarse de temario y debatir estos proyectos. Todos los bloques estuvieron de acuerdo: "Es uno de los fallos más vergonzosos de la Corte. Tenemos que dar un mensaje claro y contundente: en este país, la Cámara de Diputados le dice a la Justicia que no vamos a renunciar a la Memoria, la Verdad y la Justicia", manifestó la diputada.
Por otro lado, el diputado del bloque Justicialista Pablo Kosiner presentó un recurso de nulidad ante la Corte Suprema para que declare inválido el fallo. Para hacerlo, se amparo en la ley 27.156, sancionada en 2015, que prevé específicamente la sanción de nulidad absoluta e insanable para cualquier acto que conceda libertades prematuras a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad.
La causa también tiene su tratamiento en la Justicia. El fiscal Guillermo Marijuán solicitó que se abra una causa judicial contra los jueces Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti, y Carlos Rosenkrantz, quienes con su voto avalaron que se aplicara el cómputo del 2×1 para beneficiar a Luis Muiña, un militar condenado por crímenes de lesa humanidad.
El pronunciamiento surgió a raíz de una denuncia del abogado y ex legislador porteño Marcelo Parrilli, quien denunció a los magistrados por "prevaricato".
"Este acusador público considera que la solución brindada por los juristas podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de Estado sostenida por sus tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar", argumentó Marijuán en su dictamen, según informaron fuentes judiciales.
Fuente: Infobae