Por primera vez se abrió en San Juan una investigación judicial para buscar al responsable y pedir que se lo castigue por sustraer ilegalmente agua de regadío para beneficiar a una finca, en medio de la histórica sequía que atraviesa la provincia y el drama que viven los regantes.
La maniobra delictiva fue descubierta el último martes, en Caucete. Según fuentes judiciales, un rato antes de las 14 personal del Departamento Hidráulica a través de un llamado telefónico alertó a los policías del Comando Radioeléctrico Este, que dirige el comisario Marcelo Pérez. La denuncia indicaba que en una finca situada en calle Patricias Sanjuaninas, en Villa Independencia, estaban sustrayendo ilegalmente agua para regadío de un canal.
Los uniformados de inmediato se dirigieron al lugar y constataron que de la finca provenían mangueras, una amarilla y dos rojas, que llegaban hasta el canal e ingresaban por debajo del nivel de agua. Las mismas habían sido tapadas con ramas. Además, adentro de la propiedad estaba funcionando una bomba, señalaron los pesquisas. Los policías entrevistaron brevemente a dos sujetos que manifestaron ser empleados de la finca, aportaron el nombre del presunto dueño, y se retiraron sin dar mayor información.
Por la crisis hídrica sin precedentes que atraviesa la provincia, desde fines del año pasado Flagrancia tiene facultad para recaer sobre los "ladrones" de agua. En esta oportunidad la Policía entabló comunicación con un fiscal de ese fuero, pero no prosperó porque el presunto autor no había sido atrapado in fraganti, es decir, "con las manos en la masa". Es por eso que la causa pasó a ser investigada por el fiscal Renato Roca, de la UFI Delitos Especiales, quien ya dispuso algunas medidas, como tomarle declaración a los supuestos empleados. Además, ya cuenta con un informe de la División Criminalística. El delito que provisoriamente le cabría al autor es el de usurpación de aguas, contemplado en el artículo 182 del Código Penal, que establece penas de 15 días a 1 año de prisión, indicaron en la Justicia.
Los voceros precisaron que el dueño de la finca es de apellido Agulles. Como el delito es excarcelable no será detenido, explicaron. Pero si es declarado culpable puede recaerle una condena.