En la oficina en la que cumplía funciones como concejal de Chimbas, Franco Félix entregaba certificados médicos a las madres de niños que necesitaban del documento para percibir la Asignación Universal por Hijo (AUH), dado que dicho beneficio exige el control sanitario de los menores. ¿Cómo hacía para repartir formularios expedidos por una profesional? De acuerdo a la investigación judicial, falsificó y adulteró elementos clave, como el sello y la firma de una médica que nada tuvo que ver con la maniobra. Por eso, luego de que el fiscal federal Francisco Maldonado pidiera que se abriera la causa, el juez Leopoldo Rago Gallo procesó al exedil por falsificación de documento público. No fue lo único, ya que también consideró como probable autora del delito de encubrimiento a Yamila Naveda, secretaria de Félix, debido a que tenía conocimiento de la irregularidad y no la denunció, explicaron fuentes judiciales.
La resolución salió el lunes y los involucrados pueden apelar a la Cámara Federal de Mendoza. El caso estalló el 3 de octubre de 2018, cuando el entonces concejal Norberto Ruarte denunció a Félix, su compañero del bloque justicialista en el Legislativo chimbero. Si bien la presentación obedeció a la sospecha de que se llevaba a cabo un ilícito, que todo funcionario público tiene la obligación de exponer ante la Justicia, también reveló la dura interna que se vivió en el cuerpo deliberativo durante la primera gestión del intendente Fabián Gramajo. De hecho, tres de los ediles se alejaron del bloque y le ocasionaron algún que otro dolor de cabeza (Ver recuadro).
Según trascendió del fallo, en base a distintas fuentes, falsificaba los certificados médicos al colocar el sello y la firma de la médica Verónica Segovia. Sin embargo, la prueba recolectada reflejó que en el sello figuraba un número de matrícula distinto al de la profesional, ya que el que se había estampado en los formularios pertenecía a un médico que había fallecido. Además, Segovia declaró que la firma que aparecía en los certificados no era suya. También manifestó, y se comprobó, que nunca trabajó en los centros de salud de Chimbas ni revisó a los niños que salían en los documentos, lo que es otro elemento probatorio, dado que los formularios médicos debían tener el OK de un o una profesional del departamento o la zona en la que se tramitaba la AUH.
Tras la orden judicial, los investigadores allanaron la oficina de Félix en el Concejo Deliberante, en donde hallaron el sello y 26 formularios médicos que son los presentados en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para tramitar el beneficio social. Si bien el exconcejal se abstuvo de dar su versión en la indagatoria y se negó a prestar su plana escritural para constatarla con las firmas en los documentos, Rago Gallo resaltó que los testigos fueron contundentes a la hora de señalarlo como responsable de la falsificación de los certificados médicos.
Al inicio de la causa, Naveda, secretaria de Félix, también estuvo en la mira por participar en la falsificación de los documentos. Sin embargo, los testigos no le endilgaron ninguna responsabilidad en el llenado de los formularios y la pericia de su escritura en comparación con las firmas arrojó resultado negativo. Por eso, el magistrado le cambió la calificación legal de su participación delictiva, ya entendió que la mujer estaba al tanto de toda la maniobra (de hecho, recibía a los interesados y entregaba documentación), por lo que encubrió a quien fuera su jefe, dado que no lo denunció, resaltaron las fuentes.
Fuerte puja interna dentro del Concejo
En la primera gestión de Fabián Gramajo en Chimbas, el Concejo Deliberante tuvo fuertes cruces internos, al punto que algunos ediles oficialistas dejaron el bloque y le hicieron frente al intendente. El cruce más álgido se dio a fines del 2018 cuando surgieron trabas para aprobar el presupuesto del año siguiente.
Tras ganar en 2015, Gramajo logró seis de las diez bancas del cuerpo deliberativo, por lo que contaba con mayoría para tratar y aprobar los proyectos del Ejecutivo. Con el paso del tiempo, la situación cambio y tres de esos concejales (Norberto Ruarte, César Luján y Marta Lucero) pegaron el portazo. Pese a eso, el intendente contó con el apoyo de ediles del basualdismo y del PRO para lograr la mayoría. Esa situación cambio luego del 2019, ya que el jefe comunal logró nueve de los diez escaños. Con esa mayoría, no han surgido conflictos en el cuerpo.
Motivo
La investigación no determinó el motivo que llevó a Félix a efectuar la falsificación de los certificados médicos. No obstante, fuentes políticas dijeron que realizó tales maniobras para cosechar el apoyo de las beneficiarias al realizar esas "gestiones".
En libertad
El exconcejal se encuentra en libertad, dado que la escala penal del delito por el que está procesado contempla la excarcelación. Se trata del artículo 292 del Código Penal, cuyo castigo va de un año a seis años de prisión por falsificar un documento público.
Prueba
La Policía secuestró de la oficina de Félix el sello que se colocó en los certificados médicos, además de encontrar 26 formularios adulterados, indicaron las fuentes. Además, los testigos lo señalaron como el responsable de la falsificación.