Stiglitz fue autor del anteproyecto del artículo 42 de la Constitución nacional que establece la protección de los derechos económicos de los ciudadanos. Además, fue uno de los coautores de la ley 24.240 de defensa de los consumidores. El jurista participó de un Congreso que organizó el Foro de Abogados y el Instituto Argentino de Derecho del Consumidor. Acompañado por el abogado sanjuanino Horacio Vita, coordinador del panel en el que disertó Stiglitz, este último habló el viernes con DIARIO DE CUYO.
En relación a los tarifazos, el jurista explicó que por más que haya una autorización del Ejecutivo, que haya reunido todos los requisitos administrativos, para aumentar lo que se paga por los servicios, eso "nunca impide que los jueces puedan dejar sin efecto tales decisiones porque jerárquicamente tienen mayor valor los derechos de los consumidores que los intereses económicos empresariales o del mercado", en los casos en los que las subas son desmedidas. En ese contexto, manifestó que el ciudadano puede ejercer su reclamo a través del trámite administrativo por vía de la Dirección de Defensa al Consumidor o por medio de la instancia judicial. De esa manera, puede demostrar que el exceso de la facturación es incorrecta y "lograr que la autoridad establezca que el pago debe hacerse en relación al monto que hubiere correspondido". Frente a dichas instancias, Vita agregó que ambas acciones son gratuitas para los usuarios.
Si bien el tema candente tiene que ver con los incrementos en energía y gas, Stiglitz remarcó que las garantías de los consumidores están presentes en rubros como salud, alimentos, agua, transporte, seguros, bancos, telefonía y tarjetas de crédito.
En el balance de la legislación en favor de los usuarios, el jurista manifestó que "a nivel nacional, la mayoría de las veces, la política no le da la mano a los consumidores" y que "los usuarios organizados aún son muy débiles y no frenan decisiones políticas", como sí sucede con los sindicatos, ejemplificó.
Por eso, consideró que ningún Gobierno nacional priorizó, desde el punto de vista jurídico y político, la defensa del consumidor. "Porque no desenvolvieron lo más importante, que es la educación para la protección del usuario. Porque todos permitieron violaciones a la Constitución a nivel de aumentos tarifarios excesivos, de monopolios en el ejercicio de los servicios. Y porque no ejecutaron con eficacia controles preventivos a gran escala sobre la equidad de los contratos o la calidad de productos y servicios", resaltó.