La mesa nacional de Juntos por el Cambio reafirmó ayer ‘la gravedad institucional e inadmisibilidad del intento de juicio político a la Corte Suprema’ y anticipó que participará del debate, pero no dará quórum para avanzar con ese proceso de remoción en el Congreso. Además, anticipó la jugada que más le preocupa al Gobierno: no apoyará ningún proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento ‘mientras siga este atropello’, contra el máximo tribunal. Esto podría caer en saco roto el llamado a sesiones extraordinarias para tratar el pedido de juicio político a la Corte Suprema y un puñado de leyes económicas que necesita el Gobierno.
El conflicto institucional que desató Alberto Fernández al impulsar el juicio político a la Corte Suprema hundió el trabajoso acuerdo que había alcanzado Sergio Massa con la oposición para que se apruebe el blanqueo y dos leyes económicas claves: la ley de agroindustria y el marco regulatorio para inversiones extranjeras en GNL. Tampoco tendría chances de avanzar el último proyecto que ya tiene listo Massa para enviar al Congreso: la reforma del INDEC para darle más autarquía -ver nota vinculada-.
La decisión de no facilitar el tratamiento de las leyes fue adoptada ayer en una reunión que se realizó por zoom de la que participaron, entre otros, los presidentes de los partidos que integran JxC, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (UCR); Patricia Bullrich (PRO); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); y Miguel Ángel Pichetto (Peronismo Republicano), además del expresidente, Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
En un comunicado que difundieron al término del encuentro, los dirigentes precisaron la postura que adoptarán frente al proceso y confirmaron que ‘una vez que el oficialismo logre conformar el quórum en la comisión para poder darle tratamiento el interbloque de JxC estará presente y enfrentará el debate. De ninguna manera vamos a dejar vacío el Parlamento. Seguiremos cumpliendo con el rol que nos asignó la sociedad’.
En ese sentido, reafirmaron que ‘mientras siga este atropello contra la Corte no vamos a prestar quórum y darle viabilidad a ningún proyecto que impulse el Gobierno Nacional o el Frente de Todos (FdT)’. Además, los dirigente repudiaron ‘las vergonzosas declaraciones hechas ayer por el canciller Santiago Cafiero, con las que respondió a lo expresado por el expresidente de la Nación Mauricio Macri respecto de la condena al intento de golpe de Estado en Brasil; y por el ataque contra el expresidente y contra el gobierno de Cambiemos’.
‘Manifestamos, también, nuestro enérgico rechazo al espionaje ilegal y denunciamos al Gobierno Nacional por auspiciar y utilizar estos mecanismos. Urge el imperio de la legalidad y la sanción sobre todas las conductas que la violenten’, enfatizaron los dirigentes.
Finalmente, sostuvieron: ‘Queremos discutir los temas que le importan a la sociedad. Nos estamos preparando para hacernos cargo de la grave situación a partir del 10 de diciembre de 2023’.
También participaron el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez; los diputados nacionales por el PRO, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, entre otros. Estuvieron presentes, también, Ramón Puerta (Peronismo Republicano), los diputados nacionales Alberto Asseff y Margarita Stolbizer, además de miembros coordinadores: Jorge Triaca, Andrés De Leo, Ramón Mestre y Jorge Franco.
- El proyecto para reformar el INDEC
El Poder Ejecutivo enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para fortalecer la independencia del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en el que propone transformarlo en un ente descentralizado y autárquico con autonomía funcional, y con autoridades elegidas a través del Poder Legislativo, entre otras propuestas. Uno de los objetivos del Gobierno es actualizar la normativa vigente, que tiene más de 50 años, con lo cual se busca adaptar la producción estadística a las nuevas prácticas internacionales y fortalecer la independencia y coordinación del Sistema Estadístico Nacional.
Por el lado del fortalecimiento institucional, el proyecto de Ley modifica la naturaleza jurídica del Indec como un ente descentralizado y autárquico con autonomía funcional (en lugar de un organismo desconcentrado, como se encuentra actualmente), de manera de garantizar su independencia funcional y económica. También propone que el nombramiento de autoridades se modifique: el director ejecutivo será designado por el Poder Ejecutivo, pero deberá tener el acuerdo del Senado, mientras que del director técnico será designado por el director ejecutivo, previo concurso público de antecedentes y oposición. Ambos tendrán una duración en el cargo de 5 años, para garantizar la continuidad ante los cambios en el Poder Ejecutivo, y deberán contar con ‘reconocida trayectoria.