La alianza opositora Juntos por el Cambio se pronunció ayer orgánicamente en contra de la marcha hacia la Corte Suprema para exigir la renuncia de sus miembros, y calificó a la iniciativa del kirchnerismo, con el aval del Gobierno nacional, como "un acto de suma gravedad institucional".
La movilización, que tendrá lugar el próximo martes 1 de febrero, impulsada también por organizaciones sociales, Justicia Legítima, sindicalistas, etc., afines al kirchnerismo, es considerada por la oposición como "otro paso más en la política sistemática que asumió el oficialismo de atacar a los jueces que no se comportan según sus deseos".
En un comunicado, la coalición opositora señaló que ninguna de las políticas que propuso el Gobierno en materia judicial tuvo en cuenta a los sectores más postergados de la sociedad que tienen dificultades en acceder al servicio de Justicia, ni tampoco le interesó proseguir con experiencias exitosas que disminuían considerablemente el tiempo de duración de los procesos.
"El interés del Gobierno siempre estuvo centrado en los jueces o tribunales en los que se tramitan las causas de corrupción que afectan, principalmente, a la propia Vicepresidente de la República", señaló Juntos por el Cambio.
Además, recordó que el Gobierno intentó incrementar de un modo absurdo e inconstitucional el número de tribunales penales federales de la Capital, nombró un Consejo Consultivo para que analizara, entre otras cosas, cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema y el número de sus integrantes, y trató de modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal para designar un Procurador General afín y para amedrentar a los fiscales con el riesgo de la remoción.
"La firme actitud que han tenido los bloques de Juntos por Cambio ha impedido que esas iniciativas prosperaran hasta el presente. Simultáneamente, se ha tratado de justificar a las causas de corrupción ignorando la verdad o falsedad de los hechos o la culpabilidad o inocencia de sus autores, atribuyéndolas a un inexistente y burdo lawfare, una persecución política orquestada por la administración anterior, los medios de comunicación, empresarios y jueces", remarcaron.
También hicieron hincapié en la prédica constante tendiente a deslegitimar a las decisiones judiciales y a los jueces que fallan de modo contrario a los intereses del Gobierno. En ese sentido, dijeron que "resulta inadmisible que varios ministros del Poder Ejecutivo hayan visitado a una condenada por corrupción, reclamando su libertad como si fuera presa política, cuando está siendo juzgada en varias causas, y ya ha recibido condena firme en alguna de ellas", en alusión a Milagro Sala.
Recordaron que la remoción de los jueces debe seguir un procedimiento que figura en la Constitución Nacional, en los artículos 52, 59 y 60, y que deben contar con el aval del Congreso. "Este procedimiento no puede ser sustituido por reclamos facciosos. No sólo es ir en contra de lo que la Constitución establece, sino que se trata lisa y llanamente de una actitud golpista", destacaron en el comunicado.