La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aceleró en el último mes las ejecuciones fiscales por deudas de impuestos nacionales, ya que se han multiplicado por 5 los casos, en un contexto muy difícil para las empresas, según dijeron desde el sector. Al punto que transcurridos 15 días ya pueden llegar a tener las cuentas embargadas y con el dinero inmovilizado en los bancos, cuando antes podía transcurrir hasta un año para llegar a esta situación.
En la práctica lo que sucede, según explican fuentes del sector, es que desde la fecha de vencimiento del pago de un impuesto nacional, como puede ser el IVA, a las 24 horas le llega al domicilio electrónico de la empresa una intimación de pago de la obligación. Si esta sigue impaga, el área de Recaudación de AFIP emite una boleta de deuda (certificado de deuda para inicio de demanda), lo que en la actualidad está ocurriendo entre 3 a 4 hábiles posteriores a la intimación de pago. Luego, el trámite pasa al área legal del organismo recaudador para que los abogados de la AFIP inicien el juicio de ejecución fiscal ante el Juzgado Federal de San Juan. Con posterioridad y si no se ha efectuado el pago, corren honorarios a favor de los letrados del organismo, que se estiman entre el 4% por demandas que no llegan a embargos y el 8% por demandas en las que se interpuso un embargo en las cuentas.
Según fuentes del sector, no sólo se han multiplicado por 5 las intimaciones sino que se han reducido considerablemente los tiempos, porque antes podía transcurrir hasta un año para que la AFIP actuara.
Fabián Rodríguez, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que agrupa a los contadores y licenciados en administración de empresas, dijo que "el cobro coercitivo del Estado complica el funcionamiento de las empresas". Y calificó de "agresiva" la intención recaudatoria del fisco, lo que ha causado "gran preocupación" en la entidad.
Desde la Federación Económica, Dino Minnozzi sostuvo que "en un proceso inflacionario, excesivo, con incertidumbre y más en un año político, que la AFIP salga a embargar las cuentas de las empresas, que primero consideramos que es inconstitucional, nos parece una barbaridad y es directamente atentar contra el sistema económico y el capitalismo argentino".
En este panorama se sumó la voz de la presidenta del Centro Comercial, Laura Zini. La dirigente se quejó porque dijo que "la presión fiscal está siendo muy fuerte ahora, de hecho es impresionante, y lo dicen los mismos contadores". Y que en particular el problema está afectando a los comercios de la Ciudad de San Juan.
Según dicen fuentes del sector, las ejecuciones tributarias promovidas por la AFIP se tramitan exclusivamente de manera digital, lo que potencia la celeridad del proceso. Y que existe un corto plazo desde la interposición de la demanda al dictado de sentencia.
El juicio de ejecución fiscal es una vía expedita, rápida, del cobro coactivo del crédito fiscal, que ha menguado notablemente las posibilidades defensivas de los ejecutados y que resulta muy onerosa, se quejan desde el sector productivo.
Las expresiones de los empresarios se dan en un contexto muy complicado para el sector, con problemas para conseguir insumos y mantener las líneas de producción en marcha y con subas de servicios de gas y electricidad.
Otro problema para las compañías
Otro problema que afrontan las empresas es que la Aduana, otra área de la AFIP, abrió sumarios disciplinarios y suspendió de forma preventiva a 59 empresas exportadoras tras haber detectado que no liquidaban las divisas luego de vender sus mercaderías al exterior. Son todas firmas de economías regionales dedicadas a la agroindustria: desde ajo, a frutas, hortalizas y pescado.
Según consigna el portal Los Andes San Juan, a partir de análisis y cruces de las operaciones de exportación de determinados productos, la Aduana encontró "inconsistencias e irregularidades" en sus operaciones, según indicó el organismo en un comunicado.
Si bien los plazos máximos para liquidar divisas desde el permiso de embarque abarcan entre los 15 días para la soja, hasta los 180 días para las economías regionales, con casos de hasta 365 días, la Aduana detectó que, para aprovechar la brecha cambiaria, "muchos exportadores no liquidaban las divisas ante el Banco Central y las dejaban en el exterior", o, en su defecto, "las convertían al tipo de cambio de contado con liquidación".
"Esto demuestra un comportamiento sistemático de estas exportaciones inconsistentes que, luego de vencidos los plazos legales correspondientes, no efectúan el debido ingreso de divisas afectando gravemente las reservas del Banco Central", indicaron desde la Aduana.
Además, señalaron que al realizar operaciones de exportación con "sumas relevantes" sin cumplir con la reglamentación, las firmas generaban una "competencia desleal".
Entre las mercaderías utilizadas para la maniobra se encuentran aceites, grasas, granos, ajo, carne, cebollas, cereales, frutas, hortalizas, harina de trigo, lanas, cueros, pescado, porotos, tabaco y uvas. Las aduanas que registraron los productos son las de Mendoza, Misiones y Córdoba.