La situación del Grupo Indalo se agravó ayer luego de que la AFIP confirmara ante la Justicia que no están previstos planes de pagos o moratorias para que Oil Combustibles cancele su deuda con el fisco por el Impuesto a las Transferencias de Combustibles (ITC), calculada en $8.000 millones, con lo que la principal empresa de Cristóbal López quedó al borde de la quiebra.
En paralelo, la AFIP reclamó ante la Cámara Federal de Casación Penal que los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, socios mayoritarios del grupo empresario, sean juzgados por “defraudación al Estado” y no por “apropiación indebida de tributo”, como dispuso ese tribunal.
López y De Sousa fueron excarcelados a mediados de este mes -tras haber permanecido presos desde diciembre pasado- por decisión de la Sala I de la Cámara Federal porteña, con los votos de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah.
El reclamo de la AFIP quedó plasmado en una apelación presentada al mediodía por el abogado del organismo, Ricardo Gil Lavedra, contra el fallo de la Cámara Federal porteña, que dispuso el cambio de carátula en la causa contra López y De Sousa que les mejoró sustancialmente su situación judicial.
La presentación fue realizada en el marco de la causa que investiga la retención de 8.000 millones de pesos del pago de ese impuesto a través de la firma Oil Combustibles, la principal empresa del Grupo Indalo. Además, el organismo recaudador, a través de su subdirector de Asuntos Jurídicos, Eliseo Devoto, informó al juez comercial Javier Cosentino que los planes de pagos o moratorias no están previstos para el caso del Impuesto a las Transferencias de Combustibles (ITC).
Con esta aclaración de la AFIP, la principal empresa del Grupo Indalo quedó en una situación muy delicada que puede derivar en su quiebra en la Justicia.
Cosentino convocó ayer a un encuentro a directivos del Grupo Indalo y a los abogados de la AFIP para buscar una salida, es decir, algún mecanismo que permitiera a la empresa cancelar su deuda. Devoto fue taxativo ante el juez cuando señaló que la retención del impuesto a los combustibles no admite más que su pago efectivo en tiempo y forma.
Días atrás, el Grupo Ceibo (ex Grupo Indalo) remarcó la imposibilidad de lograr una solución al plan de contingencia y subrayó que la AFIP “rechaza toda solución presentada por OCSA (Oil Combustibles SA), arrastrando a la compañía a una potencial quiebra en contra de sus propios intereses, que sería finalmente poder cobrar sus créditos”.
“La Administración Federal de Ingresos Públicos tiene la firme decisión de impulsar la acción penal contra todos los responsables de una maniobra que ha causado un perjuicio al Estado de miles de millones de pesos”, sostuvieron los abogados de AFIP, que, en calidad de querellantes, no pueden apelar la liberación de los dos empresarios.
La maniobra investigada fue “urdida desde los más altos niveles de conducción de la AFIP para beneficiar al Grupo Indalo, dando apariencias de legalidad a las enormes sumas de dinero que no ingresaban al fisco”, sostuvo Gil Lavedra en el escrito de 45 páginas que presentó ayer ante la Cámara de Casación.
Para los abogados de AFIP, la causa excede la “indebida retención de tributos”, porque incluyó la participación del extitular de ese organismo Ricardo Echegaray, quien, como los dos empresarios, se encuentra procesado, pero sin detención.
La lupa sobre Farah
Hoy, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura se reunirá para intentar determinar si fue lícita la intervención del juez Eduardo Farah en el fallo que liberó a López y De Sousa. La investigación se originó en un pedido de la Corte Suprema que sospecha de irregularidades.
Embestida contra juez Rodríguez
La Oficina Anticorrupción (OA) apeló ayer la decisión de apartar al fiscal federal Carlos Stornelli de la causa por Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y sostuvo que el juez del caso, Luis Rodríguez, debe dejar la investigación.
“La decisión adoptada por V.S., por infundada y arbitraria, provoca un perjuicio de imposible reparación ulterior, en tanto implica el apartamiento del representante del Ministerio Público Fiscal que desde un inicio intervino legal y diligentemente en el proceso”, sostuvo la OA en el escrito.
La Oficina que preside Laura Alonso planteó si “el trasfondo de la decisión adoptada no obedece más una directa intención de deshacerse del Dr. Stornelli frente al permanente impulso que le ha dado al proceso”.
Para la OA, el juez Rodríguez “se limitó a transcribir primero y reescribir después los argumentos del defensor incidentista, incluso los notoriamente confusos que asimilaban el deber de objetividad con una pretendida imparcialidad, contraria a la naturaleza misma de quien es parte en proceso”.
Stornelli fue apartado de la causa en la que está detenido el exministro Julio de Vido a pedido de otro de los acusados, el exfuncionario de Planificación Roberto Baratta. Esa decisión ya fue apelada por el fiscal y ahora se sumó la OA. La recusación de un fiscal no es apelable, por lo cual si Rodríguez rechaza las presentaciones sólo quedará ir con un recurso de queja directo ante la sala II de la Cámara Federal porteña.