La causa penal por el segundo incidente en la mina Veladero, que consistió en una fuga de solución cianurada del valle de lixiviación, va camino al archivo. El fiscal de Jáchal, Sohar Aballay, emitió un dictamen en el que consideró que el hecho ocurrido en septiembre de 2016 “no produjo un perjuicio a la salud pública ni el medio ambiente”, por lo que entendió que no hay delito y solicitó el archivo del caso. Es que, en base a los testimonios del expediente y los informes técnicos, se constató que el líquido nunca llegó a ningún río. Si bien es el juez Pablo Oritja el que ahora deberá tomar la decisión final, la opinión del representante del Ministerio Público es clave, ya que es el encargado de impulsar y promover la acción penal. La Justicia de Jáchal, que tiene competencia en Iglesia, donde está la mina, investigaba si se había dado el delito contemplado en la ley de manejo de residuos peligrosos. En la norma se castiga con prisión de tres a diez años al que envenenare o adulterare de un modo peligroso para la salud, agua potable o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público. Sin embargo, para el fiscal no hubo contaminación en ningún curso de agua, implicados o delito.
A pedido de Aballay, declararon ante Oritja dos ingenieros pertenecientes a la Policía Minera, cuatro empleados de la empresa Barrick y la jefa de Calidad y Control de Aguas del Departamento de Hidráulica. En todos los testimonios se llegó a la misma conclusión: no hubo contaminación. Pero además, el fiscal también incorporó en su escrito el resultado de la investigación que llevó adelante la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima) de la Procuración General de la Nación, que intervino tras una denuncia ante la Justicia Federal. La resolución del organismo indicó que el evento no produjo “contaminación con cianuro en la zona afectada ni en las aguas superficiales o subterráneas cercanas”.
El hecho ocurrió el 8 de septiembre, luego de que un bloque de hielo se desprendiera y desacoplara una cañería. El incidente se dio a casi un año del derrame de solución cianurada que sí llegó a tres ríos iglesianos. Por la repetición de incidentes, el Gobierno frenó toda la actividad en la mina hasta que Barrick cumplió con lo pedido por la gestión uñaquista (ver cronología).
Por otro lado, el episodio derivó en que Minería iniciara un sumario administrativo contra la empresa, ya que constató que en el momento en que ocurrió el incidente, dos miembros de la Policía Minera se encontraban en la mina y no fueron notificados. Además, el hecho recién fue informado dos días después, cuando la firma hizo una presentación en las oficinas del ministerio. Según explicó el ministro Alberto Hensel, ese sumario está en su etapa final, el cual contempla además el incidente en sí (ver recuadro).
Sanción en puerta
El ministro de Minería, Alberto Hensel, aseguró el miércoles en Radio Sarmiento que el sumario administrativo iniciado por el segundo incidente está en la fase final y la multa correspondiente será aplicada antes de fin de año. El funcionario indicó que la demora se produjo porque “se han hechos planteos procedimentales por parte de la empresa, pero está prácticamente listo”. El Ministerio de Minería decidió incorporar en el sumario por el segundo incidente un tercer hecho, que se produjo el 28 de marzo, por lo que se espera que la sanción sea mayor. Cuando ocurrió el primer derrame con cianuro en Veladero por la rotura de un caño, el 13 de septiembre de 2015, el Gobierno le aplicó a Barrick una multa histórica, de 145.696.000 pesos. De ese total, el 55 por ciento fue destinado a obras en Jáchal e Iglesia, mientras que el resto se constituyó una asociación para favorecer al aglomerado industrial minero no metalífero.
El segundo incidente de 2016
8 de septiembre
Según la empresa Barrick, a las 2.30 una cañería corrugada por donde circulaba solución cianurada resultó dañada por causa de la caída de un bloque de hielo, produciendo un desacople.
12 de septiembre
A pesar de que dos miembros de la Policía Minera se encontraban en el lugar cuando ocurrió el episodio, Barrick informó del mismo al lunes siguiente, con una presentación en Minería.
13 de septiembre
Con los datos precisos, el Gobernador Uñac convocó a una conferencia de prensa en la que anunció la paralización total de los trabajos en la mina hasta asegurar su normal funcionamiento.
16 de septiembre
Un vecino de Jáchal, Oscar Torres, el Fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, y el Defensor del Pueblo adjunto, Ricardo Berenguel, presentaron una denuncia penal en la fiscalía de turno.
29 de septiembre
La Policía Minera constató que Barrick completó los trabajos solicitados: levantamiento de las bermas de contención, colocación de cámaras de seguridad y la fijación de las cañerías.