De la mano de una inflación imparable y la caída de ingresos, el índice de pobreza en Argentina alcanzó niveles alarmantes en 2022 ya que afecta al 43,1% de la población y de no mediar la entrega de planes sociales treparía al 50%. Con estas cifras, hay 17 millones de personas bajo la línea de pobreza en el país, mientras que la indigencia -que afecta al grupo de personas que no logra cubrir el costo de la Canasta Básica de Alimentos- se ubicó en torno al 8,1%, un punto menos que la medición anterior. Mientras, la reducción involuntaria por razones económicas de la porción de comida y/o la percepción de experiencias frecuentes de hambre, denominada ‘inseguridad alimentaria’, afecta al 18,6% de los hogares del país, cifra que sube al 23,3% si se toma solamente la población urbana.
Dicho de otro modo, casi un cuarto de la población urbana padece inseguridad alimentaria: 13,9% corresponde a la versión ‘inseguridad moderada’ y 9,4% a ‘inseguridad alimentaria severa’.
En la prepandemia (2019), esa cifra era 22,5%. En 2018, el 20,4%. Y en 2017, el 15,8%.
Pero el dato que representa la mayor novedad del tradicional informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) de 2022, es que los nuevos pobres de Argentina provienes de la clase media trabajadora no profesional, la más castigada por los bajos ingresos por el impacto de la inflación en los salarios. A la luz de estas cifras, lo que sigue parecerá insignificante. Antes de la pandemia por Covid el sector medio no profesional contabilizaba solo el 0,7% en la pobreza. Hoy es 2,7%.
Al cierre del informe (octubre de 2022), la tasa de pobreza para ese grupo era 18,2%, mientras que en 2019 había sido 13,5%, una brecha grande que, explicó uno de los investigadores del ODSA, el sociólogo Juan Ignacio Bonfligio, ‘responde a muchos factores, como la situación del mercado laboral y la modernización de ciertos procesos.
Se trata de uno de los sectores que más perdió en este tiempo. Son personas que quizás tienen una ocupación que implica una calificación baja y están registradas. Por ejemplo, empleados de una empresa de seguridad cuyos ingresos perdieron capacidad adquisitiva y cayeron en la pobreza. Aunque hay una muy amplia gama de rubros donde los trabajadores no cubren el costo de la Canasta Básica Total que en mayo alcanzó los 203.361. Aquí también caen que viven de oficios en pequeños comercios o son cuentapropistas. Hasta hace algunos años podían defenderse bastante bien, pero la crisis hizo mella en estos grupos. Por eso se habla ‘trabajadores pobres’, una frase que en reiteradas veces citó en sus apariciones públicas la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner que le reclamaba una suma fija a su Gobierno para recomponer los salarios.
A la hora de analizar cuánto afectaron estos indicadores según el nivel socioeconómico del entorno urbano, se observa un claro crecimiento tanto de la pobreza como de la indigencia entre quienes viven en villas y barrios populares (pasando de 9,3 a 22,8% de indigentes y de 57,6 a 75,9% de pobres) entre 2017 y 2020. Luego del 2020, los indicadores bajan para esta población y, en cambio, suben para personas con un nivel socioeconómico medio-bajo es decir ubicadas en el tercer cuartil de distribución. Al realizar el mismo ejercicio discriminado por estrato ocupacional, el resultado es similar: los nuevos pobres en la post pandemia provienen de sectores medios no profesionales.
El análisis de los especialistas del ODSA destaca que el paquete de ayuda social que el Estado destinó para transferir ingresos y/o alimentos a los hogares evitó que la cantidad de indigentes fuera 19,6%- en vez del 8,1% registrado-. Este efecto inmediato de las transferencias de ingreso sobre la pobreza es menor que el registrado sobre la indigencia, que hubiese alcanzado al 50 en vez del 43,1% de la población.
La asistencia pública tuvo un papel activo en contener las situaciones de deterioro. Durante 2022, el 51,7% de las personas fue asistida por algún plan. ‘Es imposible retirar estas ayudas sin generar un caos económico y social’, responde el jefe del Observatorio, Agustín Salvia, sobre la propuesta de algunos precandidatos presidenciales de eliminar los planes sociales. En 2021 al calor de la recuperación económica post pandemia la asistencia social había alcanzado al 44,7% de las personas.
Baja el nivel de empleo
Otro punto que destaca el informe es que nivel de empleo pleno baja del 42,1% en el
2021 al 40,3 en el 2022. Y algo similar ocurre con el empleo precario que en 2021 era del
29,7% y llegó al 28% el año pasado. En cambio mejoraron el acceso a los servicios básicos.
El detalle a fondo de cifras gruesas
En su relevamiento del Observatorio de la Deuda Social revela que los niveles de pobreza se encuentran más elevados que en la prepandemia (39,9% en 2019). Esto implica que afecta a 17 millones de personas en la actualidad y la clase media es una de las más castigadas: el nivel de pobreza en los niveles medios no profesionales pasó del 14,6% en 2021 al 18,2% en el último año.
Los niveles de indigencia general (8,1%) se verifican con mayor impacto en los asentamientos y sectores de bajos recursos, donde llegan al 60%. Pero también hay un aumento significativo de la indigencia en sectores medios que antes no se daba y llegó al 34,3%. Además, desde el ODSA señalan que la cobertura de los programas sociales del Gobierno ha crecido exponencialmente en los últimos años: pasó a cubrir del 44,7% de la población en 2021 al 51,7% en 2022. El documento muestra que en una proyección simulada, si en la Argentina no se dieran planes sociales o ayuda estatal para los más necesitados, la tasa de pobreza alcanzaría el 50%, es decir, 11 puntos por encima que el nivel actual