La Corte de Justicia, que desde ayer encabeza Daniel Olivares Yapur, puso el ojo en la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Jáchal. ¿El motivo? Atraso en expedientes, demoras en las resoluciones y falta de respuesta ante una situación que, al parecer, lleva meses. En la mira se encuentra el juez Javier Alonso, quien, si se comprueba lo que indican los estudios preliminares, podría recibir desde un llamado de atención hasta una sanción disciplinaria como una suspensión sin goce de haberes. Para determinar qué medidas tomar, la Corte llevó adelante una investigación a través de una auditoría completa del juzgado. Incluso, a modo de defensa, le solicitó al magistrado que en el plazo de tres días responda el informe en su contra. Con ambos elementos, ahora será la Corte la que definirá qué medida tomar. Según indicaron fuentes oficiales, es casi un hecho que una de ellas será sumar personal para normalizar el juzgado.
En 2018, la Corte realizó una auditoría. El juez era Pablo Oritja.
Al ser consultado sobre las irregularidades, Olivares Yapur fue cauto y sólo confirmó que se llevó adelante una auditoría y que la misma arrojó un resultado "que ha motivado que se le corra vista al juez, con una respuesta que se dio hoy (por ayer). Con esto, la Corte se va a reunir para darle tratamiento. Si se determina que la situación es delicada, la Corte puede hacer uso de sus facultades a través de la sala de Superintendencia". Esto es, aplicar medidas. Por su parte, el magistrado no respondió los llamados de este medio.
A diferencia de lo que ocurre en la Primera Circunscripción en la que la actividad judicial está divida por fueros (Penal, Civil, Laboral, Familia y Contencioso Administrativo), en la Segunda se tramitan todas esas causas en un solo lugar, en el juzgado multifuero con asiento en Jáchal. Además, no solo se atienden expedientes de ese departamento, sino que también los de Iglesia, por lo que concentra la actividad de unas 30 mil personas. En el caso del fuero de Paz, cada departamento tiene su juzgado.
Según indicaron fuentes calificadas, la auditoría que llevó adelante la Corte, y que no tuvo resultados favorables, se realizó en enero con motivo de analizar el estado de situación de esa Circunscripción ante la inminente puesta en marcha del sistema acusatorio. En esa línea, las fuentes explicaron que ese estudio fue uno de los motivos por el que el máximo tribunal decidió postergar el arranque de la investigación fiscal hacia más adelante, sin una fecha prevista. El otro, fue la falta de infraestructura y tecnología necesarias para que el nuevo sistema funcione. De hecho, la Corte plasmó esa carencia en una acordada, en la que definió el lanzamiento sólo para la Primera Circunscripción (ver recuadro).
Uno de los puntos clave que trascendió sobre el juzgado, fue la falta de conocimiento sobre la cantidad de causas con detenidos. Al parecer, no existía un registro por lo que personal judicial tuvo que llamar por teléfono, tanto a las comisarías departamentales como al penal de Chimbas, para tener el detalle. Es que, según indica el Código Procesal Penal, este tipo de causas tienen prioridad sobre el resto y el juez debe definir en el corto plazo si la persona detenida continúa el proceso tras las rejas o en libertad. En Jáchal se habrían detectado casos con hasta seis meses de demora, cuando el promedio es de uno.
Acusatorio postergado para Jáchal e Iglesia
A través de una acordada, en la que se definió que el viernes pasado se daba inicio al sistema acusatorio, la Corte de Justicia decidió no arrancar con la investigación fiscal en la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Jáchal. El motivo, que quedó plasmado en el documento, fue que "se está ejecutando la adquisición y refacción de infraestructura adecuada, la incorporación de equipamiento tecnológico y mobiliario, la creación de nueva estructura de gestión judicial con incorporación de operadores judiciales y la capacitación específica". Así, el máximo tribunal no decidió una fecha de inicio al nuevo sistema ya que dispuso que "continúen realizándose todas las acciones previstas para la implementación efectiva del sistema procesal penal acusatorio".
En diciembre pasado, la Cámara de Diputados designó a nuevos magistrados para implementar la investigación fiscal en el norte de la provincia. Eduardo Jesús Vega fue elegido juez de la Segunda Circunscripción; Gastón Mateo Salvio fue designado fiscal; mientras que María Illanes, Defensora Oficial.